Seis años después de perder su trabajo en una funeraria de Detroit,
Aimee Stephens espera que la
Corte Suprema de Estados Unidos decida sobre su caso en una
audiencia histórica, que determinará si la
ley que prohíbe la discriminación sexual en el ámbito laboral
protege también a las personas transgénero.
Esta semana, el tribunal supremo del país norteamericano examinará por primera vez los derechos de una comunidad que, a pesar de tener una visibilidad creciente, aún es blanco de considerable de discriminación, particularmente en el trabajo. El despido de Stephens estará en el centro del debate.
Stephens, de 58 años,
nació hombre pero asegura que desde los 5 años comenzó a sentir un conflicto con su identidad masculina. En una sociedad en la que conceptos como "identidad de género" eran prácticamente desconocidos y menos aún aceptados,
siguió adelante con su vida como un hombre. Se casó con una mujer y trabajaba como director de una empresa fúnebre.
En 2010,
en medio de una depresión, Stephens confesó a su esposa su conflicto y ella aceptó su identidad femenina. Comenzó entonces a vestirse como mujer en su casa y para algunas salidas.
Pero
en el trabajo, continuó aparentando ser un hombre.
"Estuve
viviendo dos vidas: una en casa, una en el trabajo. Con el paso del tiempo,
llegué a un punto en el que ser dos personas se convirtió en algo directamente imposible", ha explicado Stephens, quien reside en Michigan.
La carga emocional de esta doble vida llegó a ser tan pesada que
consideró el suicidio. "Terminé en el patio de mi casa con una pistola en el pecho", dijo. Pero "me di cuenta que me gustaba a mí misma demasiado para simplemente desaparecer", agregó.
"Esto no va a funcionar"
Stephens
decidió asumir su identidad femenina completamente y comenzó por revelarla a algunos colegas. En el verano boreal de 2013, luego de un largo debate interno,
escribió una carta a su empleador explicando su situación y solicitando un uniforme femenino.
Dos semanas después, recibió la respuesta:
"Esto no va a funcionar", le dijo su jefe, y la despidió. Con la condición de no iniciar ninguna acción legal,
le ofreció un pago equivalente a tres meses de salario.
"Dolió", dice Stephens. "Fui a mi casa, hablé con mi esposa. Ella estuvo de acuerdo con que eso no estaba bien, que teníamos que hacer algo al respecto".
Stephens
llevó su caso a la justicia, pero
un tribunal inferior inicialmente s
e puso del lado de la funeraria.
Mientras tanto,
intentó sin éxito conseguir otro trabajo, búsqueda que debió suspender por un problema de riñón que la obliga a someterse a diálisis tres veces por semana.
Su situación financiera y su ánimo se deterioraron.
Hasta que en marzo de 2018
una corte federal de apelaciones dictaminó que su despido era una forma de discriminación sexual.
El propietario de la funeraria, Thomas Rost, quien se describe como un "ferviente cristiano", en su intento por anular esa decisión
invocó "su libertad de conciencia" y la necesidad de "evitar todo lo que pueda molestar a sus clientes de luto", y
volvió a apelar, pero esta vez
ante la Corte Suprema.
Donald Trump
Rost ha encontrado un aliado en el Presidente Donald Trump, quien ha revertido varias medidas que protegen a las personas transgénero, entre ellas la promulgada por su antecesor, Barack Obama, que permitía a personas trans alistarse en el ejército.
Para la administración Trump, la ley federal sobre discriminación solamente aplica al sexo biológico, no a la identidad de género u orientación sexual.
El caso será analizado por una
corte con tendencia conservadora, por lo que
una victoria para Stephens y el resto de la comunidad LGBT
no está garantizada.
Antes del caso de Stephens, la corte también examinará el despido de dos hombres gay.
"Todo ser humano merece los mismos derechos. Es todo lo que pedimos", dijo Stephens.
"No estamos pidiendo que nos traten diferente, sino igual", concluyó.
