La nueva ley también facilita el acceso a las indemnizaciones y herencias por parte de los menores.
El Mercurio (Imagen referencial)
Los menores huérfanos producto de la violencia de género podrán cobrar a partir de este miércoles una pensión de orfandad tras ser adoptados por familiares, siempre que el hogar no llegue a un límite de renta establecido.
Así lo señala una ley orgánica que mejora la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género.
La ley reconoce que tras los crímenes machistas la situación de especial vulnerabilidad de estos huérfanos se ve incrementada ya que no solo pierden a sus madres a manos de sus padres, sino también a éstos, como consecuencia de sus penas de prisión, además de sufrir un "terrible estigma social" y de modificar "drásticamente" su forma de vida, al desplazarlos desde sus hogares hasta entonces hasta casas de familiares o servicios sociales.
Todas estas circunstancias inciden de manera significativa en la situación económica de estos menores y las familias que los acogen. También encuentran importantes dificultades para acceder a las indemnizaciones que les corresponden por responsabilidad civil derivada del delito, o a los bienes y derechos de la herencia de sus madres.
La reforma legislativa, que entra en vigor este miércoles, tiene por objeto, precisamente, eliminar ciertas incertidumbres normativas y obstáculos a los que se enfrentan con el fin de paliar la situación de "extrema vulnerabilidad" que para ellos resulta de su condición de víctimas de la violencia de género.
La Ley permitirá que los huérfanos de violencia de género puedan presentarse a la liquidación del régimen matrimonial en representación de la madre fallecida. Además, los huérfanos menores podrán cobrar su pensión tras ser adoptados por familiares.
Asimismo, cuando la muerte de la mujer hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor, se reconocerá el derecho a la pensión de orfandad.
También se facilita el acceso a las indemnizaciones y herencias por parte de estos menores, se contempla la posibilidad de exenciones de impuestos, se atribuyen las competencias al juzgado de violencia sobre la mujer y se introduce la presunción de abandono en casos en que el padre está desaparecido.
