Clarence Thomas, uno de los jueces conservadores del Tribunal Supremo de EE.UU., afirmó este viernes en un escrito
que las vacunas contra el covid-19 se desarrollaron utilizando células de "niños abortados".
El juez, que la semana pasada votó a favor de anular las protecciones al aborto, escribió esa frase en una opinión contraria al resto de magistrados del Supremo, que rechazaron un caso por el que un grupo de trabajadores de la salud sanitarios pedía anular el mandato de vacunación impuesto en Nueva York basándose en consideraciones religiosas.
Mientras que la mayoría de la Corte desestimó el caso, Thomas aseguró que los sanitarios se oponen "por motivos religiosos" a todas las vacunas contra la covid-19 disponibles porque "se desarrollaron utilizando líneas celulares derivadas de niños abortados".
Según el magistrado, el Tribunal Supremo debería haber escuchado los argumentos de los demandantes, quienes defendían que su exención religiosa estaba protegida por la Constitución estadounidense.
El supuesto uso de células de fetos abortados ha sido una de las informaciones falsas más extendidas sobre las vacunas contra el coronavirus.
De hecho, el Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), en el artículo "Vacunas, "células de fetos abortados" y otras teorías irracionales", negó "rotundamente" que se hubieran usado células de niños abortados para elaborar los preparados de antígenos.
Según ese grupo de expertos, los científicos utilizan cultivos de células humanas obtenidos en el laboratorio, una técnica que se aplica con otras vacunas como las de la rubéola o la varicela.
En el fallo del viernes pasado sobre el aborto, Thomas -el único afroamericano de la Corte y uno de los jueces más conservadores- también emitió una opinión propia en la que animó directamente a sus compañeros a revisar otras sentencias pasadas usando el mismo prisma que en la decisión sobre el aborto.
El juez apuntó al matrimonio homosexual y al derecho a usar anticonceptivos, que como ocurría con el aborto, no están protegidos explícitamente por ninguna ley federal, sino que dependen de las interpretaciones que en su momento hizo el Tribunal Supremo con respecto a su encaje en la Constitución.
