El Parlamento italiano adoptó hoy una ley por la que los autores de actos vandálicos contra obras de arte, monumentos o bienes del patrimonio cultural serán castigados con multas de hasta 60.000 euros (cerca de 59.800.000 millones de pesos), además de sanciones penales.
La norma impulsada por el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, para combatir en particular las protestas de los activistas climáticos, recibió este jueves 138 votos a favor en la Cámara de Diputados, tras haber recibido ya el visto bueno del Senado en julio pasado.
"Hoy es un hermoso día para la cultura italiana y, en particular, para el patrimonio artístico y arquitectónico de la nación", dijo exultante el ministro tras la votación.
Con la aprobación definitiva de la nueva ley, "se establece un principio fundamental: a partir de ahora, quien cause daños al patrimonio cultural y paisajístico se verá obligado a pagar de su propio bolsillo el coste de la restauración integral de las obras", añadió.
El Gobierno de Giorgia Meloni había adoptado en abril pasado un proyecto de ley denominado "eco-vandalismo" con multas de entre 20.000 y 60.000 euros, además de sanciones penales, para quien "destruya, disperse, deteriore, desfigure, pintarrajee o use ilegalmente" de forma "total o parcial bienes culturales".
La nueva ley también prevé sanciones administrativas de 10.000 a 40.000 euros para quien "desfigure o deteriore" estos bienes o los destine "a un uso perjudicial para su conservación" o "incompatible con su carácter histórico o artístico", según el texto divulgado por los medios locales.
"Vale la pena recordar, una vez más, que dañar el arte significa dañar también la naturaleza, porque debido a la antropización del paisaje, algunos lugares o monumentos se han convertido en parte integrante de nuestras ciudades" y la tarea del Estado "es preservar este recurso único y valioso que tenemos el deber de proteger y custodiar para las generaciones futuras", dijo el ministro.
¿Qué se hará con esos fondos?
Los fondos conseguidos con las multas para terminar con los actos de ecovandalismo se entregarán al ministerio italiano de Cultura para ser destinados a la "restauración del patrimonio".
Por ejemplo, los 40.000 euros que costó, según la Superintendencia Especial de Roma, la restauración de la fachada del Senado tras ser embadurnada con pintura rosa ahora tendrán que ser abonados por los autores, ecologistas de 'Ultima Generazione' (Última Generación), que ha reivindicado numerosas protestas similares en otras ciudades italianas.
Miembros de este grupo vertieron una pintura negro en la histórica fuente de la Barcaccia de la Plaza España de Roma, construida entre 1626 y 1629, y desplegaron una pancarta en la que exigían dejar de invertir en combustibles fósiles, y también arrojaron sopa a un cuadro de Van Gogh de una exposición temporal de Roma, entre otros actos.
