Pingüinos en Punta Tombo.
EFE
La Justicia argentina inició el j
uicio por la matanza de decenas de crías de pingüino y huevos por eclosionar, así como la destrucción de al menos 175 nidos en Punta Tombo, una de las mayores reservas de aves magallánicas del planeta, ubica en la sureña provincia de Chubut.
El juicio, oral y público, tiene como
único imputado al productor ganadero Ricardo La Regina, acusado de daño ambiental agravado y crueldad contra los animales, tras
haber utilizado en 2021 una retroexcavadora en zonas donde anidaban estas aves y para la construcción, sin autorización, de un camino cerca de la costa.
El acusado
utilizó la maquinaria para desmontar unos dos kilómetros cuadrados dentro de su propio campo, que se ubica sin embargo en el norte del área natural protegida,
afectando los nidales entre agosto y diciembre, época de reproducción de estos pingüinos.
También está acusado de
instalar un alambrado electrificado y eliminar flora nativa, sin permisos, lo que habría afectado el entorno de la especie protegida.
"
El acusado entiende que está sobre su propiedad, pero linda con la Reserva Tombo que conforma una misma unidad biológica y ecosistémica. Sujeta a rigurosa protección reconocida por distintas leyes (nacionales y provinciales) como sistema de áreas naturales protegidas y zona de reserva UNESCO", explicó a EFE Lucas Micheloud, miembro de la Asociación de Abogados Ambientalistas, querellante en la causa.
De acuerdo a estudios llevados a cabo en el área del incidente,
el paso de la excavadora abrió una traza de unos 700 metros de longitud por unos tres metros de ancho, donde, según estimaciones,
murieron más de un centenar de pingüinos -incluyendo tanto pichones como huevos-
y fueron destruidos 175 nidos.
Aunque se han recuperado dos cadáveres de pingüinos adultos,
todavía no se puede determinar el número total de animales que habrían quedado sepultados junto a sus nidos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut pidió una
pena mínima de 4 años de prisión, bajo un p
roceso que durará diez días y contará con
60 testigos desde ambas partes.
El Ministerio señaló, además, que el caso "podría conformar un
juicio de referencia en material ambiental".
Las querellas, integrada por la Asociación de Abogados Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina,
reclaman una pena máxima de 12 años.
"No existe un plan de manejo claro sobre los límites de explotación ganadera, en compatibilidad con el manejo de los pingüinos. En todos estos años lo planteé siempre, pero nunca tuve respuesta", dijo el acusado, según recoge la declaración del MPF en un comunicado.
Para la querella, es "imposible" que La Regina desconozca la situación de sus tierras, ya que es "el administrador judicial" de la estancia y ha "recibido a investigadores, científicos y hasta tenía trato cotidiano con los guardaparques".
A raíz de este caso, las organizaciones ambientalistas y querellantes reclaman la creación de un capítulo específico de delitos ambientales en el Código Penal argentino, que contemple sanciones por los daños causados a los ecosistemas y la fauna.
También
exigen un proceso judicial ejemplar que siente las bases para la persecución efectiva de delitos ambientales en el futuro, y medidas inmediatas de protección con monitoreo y restricción de actividades que alteren el hábitat de los pingüinos.
