RIO DE JANEIRO.- Los representantes de Ronaldo, Reinaldo Pitta y Alexandre Martins, se entregaron hoy a la Justicia brasileña, que los condenó a once años de prisión por haber participado de un esquema de lavado de dinero.
Uno de los abogados de los empresarios que representan al astro del Real Madrid confirmó que Pitta y Martins se entregaron este sábado, luego de permanecer prófugos desde el miércoles, cuando la Justicia ordenó que fueran a prisión.
Pitta y Martins fueron condenados a 11 años de cárcel en primera instancia, acusados junto a otras 22 personas por presunto lavado y envío ilegal de dinero por un total de 33,4 millones de dólares.
El 31 de octubre los dos empresarios consiguieron un recurso de habeas corpus para apelar en libertad la condena que había dictado el juez Lafredo Lisboa.
Pero la semana pasada, el Tribunal Regional Federal anuló los recursos y ordenó el regreso a la cárcel de cinco de los 22 acusados, entre ellos Pitta, Martins y algunos fiscales estaduales y auditores federales.
El principal implicado en el fraude fiscal que investiga el juez Lisboa es el ex secretario de administración tributaria del municipio de Río de Janeiro, Rodrigo Silveirinha Correa, quien fue condenado a 15 años de prisión.
Los representantes del "Fenómeno" eran dueños de las empresas Passabra Turismo y Gortin Promocoes, que tienen filiales en las Islas Vírgenes Británicas y en Holanda.
Según una investigación del Consejo de Control de Actividades Financieras, esas empresas fueron utilizadas para lavado de dinero y evasión fiscal.
En noviembre del año pasado, el Ministerio Público de Suiza envió un informe confidencial al procurador general de la República, Geraldo Brindeiro, donde le informaba de la apertura de cuentas bancarias por funcionarios públicos brasileños.
Las primeras investigaciones apuntaron como sospechosos a cuatro fiscales de la oficina de Ingresos Federales, pero después se extendió a un total de 24 personas.
El desvío de fondos causó un perjuicio al fisco de al menos 70 millones de dólares, de los que a Suiza fueron a parar 33,4 millones, de acuerdo a la investigación.
Los acusados emitían certificados falsos y exigían el pago de coimas a empresas con atraso en el pago de sus obligaciones con el fisco.
En otros casos aplicaban multas excesivamente altas a las empresas para luego rebajarlas a cambio del pago de dinero.