Presidente del Barcelona: "A ciertos poderes del estado no les gustó que Neymar haya venido"

BARCELONA.- El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, imputado por un presunto delito fiscal en el fichaje del brasileño Neymar, vinculó los problemas judiciales del club al apoyo al proceso de independencia emprendido en la región española de Cataluña.

"Estoy convencido de que hay ciertos poderes del Estado a quien no les ha gustado que Neymar haya venido al Barça o que el Barça, como club catalán y catalanista, haya participado en ciertos actos", afirmó Bartomeu, timonel del elenco donde milita el meta nacional Claudio Bravo.

Vinculado históricamente al nacionalismo catalán, en los últimos años el Barcelona cedió su estadio para celebrar un concierto por la independencia, puso en su segunda equipación los colores de la bandera catalana y varios de sus jugadores y directivos participaron en protestas secesionistas.

"Esto no ha gustado y se ha vuelto en contra nuestra. Hay factura política. El Barcelona no ha hecho nada malo", agregó.

Asimismo, el presidente blaugrana, quien poco después de asumir el cargo en enero de 2014 decidió ingresar 13,5 millones de euros a Hacienda para regularizar la situación del club, fue imputado este martes por no tributar presuntamente 2,845 millones de euros de impuestos correspondientes a un pago de 5 millones hecho al brasileño hace un año.

"Esto es exagerado y desmesurado", alegó Bartomeu, apuntando a una conspiración contra el Barça por su posicionamiento a favor de un referéndum independentista en Cataluña o porque Neymar rechazó ofertas mejores para vestir de azulgrana, en una referencia implícita al Real Madrid.

El fichaje del astro brasileño Neymar en mayo de 2013 se volvió un quebradero de cabeza para la institución, a quien la fiscalía acusa de haber ocultado su precio real en diferentes partidas para evitar la tributación a Hacienda.

En la misma línea, los culés cifraron en 57 millones de euros el precio del traspaso, pero la fiscalía lo eleva a 86,2 millones que, sumados a los 12 millones que el equipo catalán habría dejado de tributar, subirían el coste de la operación a 94,9 millones de euros.

Por ello, la fiscalía reclama al juez encargado del caso, juzgar al club y a su ex presidente, Sandro Rosell, que dimitió a raíz del escándalo, por dos delitos fiscales y un delito societario en el caso del ex dirigente.