Ministerio del Interior rechazó en 2009 propuesta para formalizar el mercado de la chatarra

SANTIAGO.- Cuando el país se vió recientemente conmocionado por la muerte de dos detectives que fueron ultimados cuando investigaban el oscuro mercado de la compra y venta de chatarra de cobre, se conocen antecedentes de iniciativas privadas que podrían haber entregado más transparencia a un mercado que mueve millones de dólares todos los años y cuyas prácticas rayan en lo mafioso.

Concientes de que este mercado se había constituido en una importante actividad económica para unas 170.000 personas en todo el país, según un estudio de la U. de Chile, el sector privado, encabezado por la empresa acerera Gerdau Aza, había propuesto al Ministerio del Interior una iniciativa para ayudar a la formalización y mayor transparencia del mercado de la chatarra en el país.

Esta firma es uno de los grandes receptores de chatarra en Chile (1.300 toneladas diarias), pero se trata de chatarra ferrosa para producir acero y por lo tanto, no tenía que ver con el cobre, pero finalmente la propuesta involucraba a toda la industria chatarrera, porque se sabía de los ilícitos que involucraban tanto al fierro como al cobre.

Eso, antes de que el metal rojo alcanzara el record de US$ 4 la libra al que se transa hoy día y que hace que hoy un kilo de cobre se transe en el mercado chatarrero en más de $2.000, mientras que un kilo de fierro, lo haga en sólo unos $70 en promedio.

Según informó recientemente la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, desde 2008 la longitud total estimada de cables de cobre robados se ha triplicado, pasando de un total de 415 km, hasta los 1.355 km., en 2010. Ello, al precio actual, equivale a un valor de US$ 3,3 millones. Y ello, sólo en cable eléctrico, porque los ilícitos pasan por muchos otros productos.

La citada propuesta fue fruto del trabajo de varias de las empresas más afectadas por el robo de cobre y fierro, tales como Chilectra, Entel, VTR, Telefónica, Aguas Andinas y Ferrocarriles, que buscaban generar una especie de "manual de buenas prácticas" en la industria chatarrera, que permitiera entre cosas, aislar a los elementos informales que compraran material robado.

En el grupo de trabajo también participaron las instituciones públicas ligadas al tema: Policía de Investigaciones (PDI), Aduanas e Impuestos Internos, todas que se dedican justamente a perseguir los ilícitos en el rubro y que se comprometían a compartir rápidamente los antecedentes sobre ilícitos en el sector.

La propuesta avanzó en numerosas sesiones de trabajo y llegó a un documento y propuesta final que fue entregada al Ministerio del Interior hacia el segundo semestre del 2009.

El instrumento se comenzó a trabajar cuando el actual diputado Felipe Harboe era Subsecretario del Interior, quien fue un fuerte impulsor de la iniciativa. Sin embargo, ésta perdió fuerza relativa y apoyo cuando asumieron nuevas autoridades en dicha cartera (el ministro Edmundo Pérez-Yoma y el subsecretario Patricio Rosende).

Eran las postrimerías del gobierno anterior y la cartera estaba preocupada también otros temas, como los procesos eleccionarios que venían, las prioridades eran otras y coincidió además que la Dirección de Seguridad Pública de la Subsecretaría era encabezada en esa época por la directora Carolina Requena, que había estado envuelta en una serie de denuncias y conflictos internos, e incluso posteriormente abandonó su cargo. Todo ello dificultó aún más seguir avanzando en la materialización de la última versión del acuerdo. 

El diputado Harboe, se excusó de comentar el tema a Emol- que tuvo acceso a la última versión del acuerdo-, dado que se encuentra en recuperación tras una reciente operación, aunque indicó que durante su labor en la subsecretaría se redujo en un 76% el robo de cables, por operaciones conjuntas con la PDI y Fiscalía Occidente (entonces dirigida por Sabas Chahuán). De hecho, esa gestión, dice, fue premiada internacionalmente por Telefónica y replicada en otros países, indica.

"Aplicamos la nanotecnología a los cables lo que permite su identificación y posterior reconocimiento y uso como medio de prueba en juicio" y "tuvimos buenos resultados, pero esto requiere continuidad para lograr el control de dicho oscuro mercado nacional e internacional", indica Harboe.

Y efectivamente, es un negocio con operadores internacionales, porque como lo dijera el presidente de Codelco, Diego Hernández, el alto precio del metal rojo hace que en todos los países florezca la industria chatarrera, siendo los chinos los "reyes" del rubro.

En el documento avanzado se proponía entregar incentivos para una creciente formalización de la actividad, la adopción de prácticas para identificar operaciones sospechosas (por ejemplo, de cables de cobre, en la industria eléctrica y de telecomunicaciones; o rieles y tapas de alcantarillado, en el caso del fierro) y capacitación a los operadores del rubro para cumplir con las normas legales.

El objetivo general de la iniciativa era "desarrollar acciones convergentes de gestión y prevención para evitar la comercialización de metales robados en todos los niveles de la cadena de producción, reciclaje y venta".

Si bien, en el campo del cobre, operadores como Madeco precisan que "rechaza la compra de cualquier tipo de chatarra que pudiera tener origen ilícito", exigiéndose una serie de documentaciones, en el sector se sabe que existe una "tráfico de facturas" relevante. De hecho, las operaciones del conocido Ítalo Nolli, que operaba a través de sociedades de terceros, dan cuenta de lo fácil que resulta burlar las normas respectivas.

Actores del sector dicen que dado el esfuerzo ya realizado, a pesar de los negativos incentivos existentes en el mercado, hay camino andado para retomar una iniciativa de ese tipo, pero se requiere de la confluencia de todos los actores involucrados.