PARIS.- Un tribunal francés ordenó este martes la liberación de Jean-Christophe Mitterrand, hijo del fallecido Presidente Francois Mitterrand, detenido desde el 21 de diciembre bajo sospechas de vinculación con tráfico ilegal de armas.
El panel de tres jueces dijo que Mitterrand debe pagar una fianza de cinco millones de francos (720.000 dólares) mientras los magistrados continúan sus investigaciones. Pero su abogado, Jean-Pierre Versini-Campinchi, dijo que la fianza era "una cifra absurda" para la familia Mitterrand y que era poco probable que la recaudaran inmediatamente.
No se espera que Mitterrand salga de la cárcel antes del miércoles debido a la fuerte suma fijada para su fianza, indicaron sus abogados. Los jueces de la investigación, respaldados por un procurador público, habían instado a los magistrados a mantener la orden de detención, alegando que Mitterrand podría destruir importantes evidencias si era liberado.
El hijo del ex Presidente Francois Mitterrand, de 54 años, es sospechoso de complicidad en el tráfico de armas, tráfico de influencias, abuso de fondos de una compañía y de información confidencial en relación con grandes ventas de armas rusas a Angola a inicios de la década del 90.
Llamado "Papa-ma-dit" (Papi me dijo) por las frecuentes referencias a su padre, Jean Christophe fue consejero de Mitterrand para Africa desde 1986 a 1992. El ha negado las acusaciones, pero admitió haber recibido 1,8 millones de dólares del comerciante de armas Pierre Falcone en una cuenta de un banco suizo. Sin embargo, su abogado dice que Mitterrand actuó de forma legal en un acuerdo de petróleo entre gobiernos.
Magistrados de la investigación dijeron el martes que enviaron un pedido internacional a las autoridades suizas para bloquear las cuentas bancarias de Mitterrand. Falcone se encuentra bajo investigación por comercio de armas ilícitas y fraude de impuestos debido a la venta no autorizada de armas, helicópteros y aviones de combate de fabricación rusa a Angola en 1993.
Activistas de derechos humanos esperan que el caso vierta luz sobre las a menudo turbias relaciones de Francia con numerosos estados africanos en los últimos 20 años. El encarcelamiento de una personalidad pública que está bajo investigación judicial -lo que significa que está a punto de ser instruida de cargos- es rara en Francia e invariablemente provoca acusaciones de que los magistrados están poniendo presiones indebidas sobre los sospechosos.
