LIMA.- Una subcomisión del Congreso del Perú aprobó este martes una acusación constitucional contra el ex Presidente peruano Alberto Fujimori por incumplimiento de deberes.
Dos meses después de la renuncia del ex Mandatario desde Japón, un grupo parlamentario formalizó la acusación en base al abandono de cargo que Fujimori hizo tras un viaje al Asia y en plena crisis política.
La renuncia presentada por Fujimori no fue aceptada por el Congreso y, más bien, éste aprobó su destitución por incapacidad moral, en vista de la serie de denuncias por corrupción que responsabilizaban a su ex consejero Vladimiro Montesinos y lo involucraban directamente a él.
El ex Mandatario se acogió en Japón a su nacionalidad nipona, negada hasta ese momento en el Perú, para escapar de las investigaciones que se abrieron en el Poder Judicial y el Congreso por la red de corrupción que habría permitido durante sus 10 años de gobierno. No obstante, la acusación será debatida por el pleno, quien tendrá a su cargo la instalación de un grupo que dirija el antejuicio en el caso de que sea aceptada.
Otra acusación que se sumaría al proceso contra Fujimori es el irregular alquiler de un helicóptero a las Naciones Unidas, por el doble del precio pactado inicialmente. El ministro de Justicia, Diego García Sayán, confió en que las autoridades japonesas reconozcan que en Fujimori prevalece la nacionalidad peruana, pues en decenas de oportunidades lo recibieron como jefe de Estado del Perú.
Japón ha reiterado que Fujimori será protegido como uno de sus nacionales y ha rechazado los pedidos del Congreso peruano para que declare a las comisiones investigadoras. De otro lado, también se informó que Montesinos sería denunciado por tráfico de armamentos, en base a las evidencias que se habrían encontrado en la triangulación de armas para la guerrilla colombiana.
Una comisión parlamentaria reunió las declaraciones de los principales implicados en la organización, promovida por Montesinos, que compró 10.000 fusiles a Jordania, haciéndose pasar por el Ejército peruano, pero que los vendió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ex jefe real de los servicios de Inteligencia se habría enriquecido ilícitamente por comisiones en la compra desproporcionada de armamento, el narcotráfico, tráfico de influencias, la extorsión, entre otros delitos, por un monto que superaría los 500 millones de dólares.
