QUITO.- El gobierno ecuatoriano advirtió a los indígenas de que tras la instauración del estado de emergencia, la fuerza pública está facultada para desalojar a los grupos que ocupen instalaciones públicas o privadas.
La declaración se interpreta como un ultimátum dirigido a los 4.000 indígenas que ocupan desde hace seis días la Universidad Salesiana de Quito, cercados por las fuerzas del orden, para reclamar la derogación de ajustes económicos decretados por el Gobierno.
En una alocución televisada, los ministros de Defensa y de Interior, Hugo Unda y Juan Manrique, respectivamente, explicaron el alcance de las medidas que pueden tomarse con el estado de emergencia nacional, para garantizar el orden público y la circulación de personas y alimentos.
La fuerza pública impedirá "toda clase de marchas, manifestaciones y concentraciones" de grupos de ciudadanos, y podrá realizar "inspecciones, registros y allanamientos de domicilios", sin previa autorización judicial, afirmó el ministro de Defensa.
Mientras dure la emergencia, puede ser detenido cualquier ciudadano relacionado con la agitación social, advirtió Unda.
El ministro del Interior recalcó que Ecuador no puede seguir bajo la presión de un grupo de ciudadanos, en alusión a los indígenas, que "altera los derechos de las mayorías" e imposibilita la circulación de alimentos.
La protesta indígena se concentra especialmente en la obstrucción de carreteras con árboles, piedras y otros objetos para impedir el tránsito y la llegada de alimentos del campo hacia las ciudades, lo que ha originado ya un desabastecimiento.
Manrique denunció que la estrategia de protestas de ese colectivo responde a "premeditados y maliciosos intereses subversivos" y que está bajo la influencia de intereses políticos cuyo objetivo es "trastocar el orden de la República y capturar ilegítimamente el poder del Estado".
El Gobierno, por boca de sus dos ministros, culpó al dirigente indígena Antonio Vargas de la ruptura unilateral del diálogo, así como de graves alteraciones del orden público en Ecuador.
El ministro del Interior reveló que, antes de cerrar el diálogo, los dirigentes indígenas exigieron la autorización de una marcha en Quito previa a cualquier negociación, así como conversaciones directas con el presidente de la República, Gustavo Noboa.
Cuarenta indígenas iniciaron el sábado una huelga de hambre en la Universidad Salesiana de Quito, como presión en favor del diálogo y la negociación, y está previsto que diariamente se sumen otras personas.
Vargas hizo el sábado un nuevo llamamiento público a la negociación, al tiempo que amenazó con radicalizar más las protestas y mantener el "levantamiento".
Los dirigentes indígenas anunciaron que para este lunes preparan una manifestación en la capital ecuatoriana, a pesar de que el decreto de emergencia prohíbe expresamente el derecho de asociación y reunión, así como la libertad de transitar libremente por el territorio nacional.
Las principales reclamaciones indígenas son la derogatoria de los ajustes económicos decretados por el Gobierno y que incluyen fuertes alzas del precio de los combustibles, el gas doméstico y el transporte público.
También piden que se anule la dolarización y el restablecimiento de una moneda nacional.
Estas medidas para el Gobierno no son negociables, por lo que las posiciones están muy alejadas, a pesar de que mediadores como la Iglesia, empresarios y otros organismos sociales buscan bases de acercamiento.
Los indígenas, que suponen un 30 por ciento de la población de doce millones de ecuatorianos, siguen comunicándose en su lengua quechua y mantienen sus costumbres ancestrales concentrados principalmente en el sector rural de la sierra central.
Sin apenas representación política, protagonizan regularmente "levantamientos" para apoyar sus reivindicaciones, con manifestaciones y cortes de carreteras.
