LIMA.- La comisión especial anticorrupción del Congreso de Perú acordó la noche del sábado presentar denuncia penal ante el Ministerio Público contra el ex presidente Alberto Fujimori, exiliado en Japón, y su ex asesor, el prófugo Vladimiro Montesinos, por delitos de corrupción de funcionarios, informó su presidente el legislador, David Waissman.
En la denuncia están comprendidos en total 17 personas entre ellos quienes ejercieron los cargos de primer ministro entre 1992 y octubre del año 2000, señaló Waissman, quien precisó que figuran también ex jefes militares que formaron parte del entorno de Montesinos, así como el banquero más importante de Perú, Dionisio Romero.
La acusación contra el ex mandatario tiene que ver con su relación con quien fue su privilegiado asesor, quien fue jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), quien está acusado de montar durante la última década una vasta red de corrupción que se enquistó en las fuerzas armadas, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en amplios sectores de la administración pública y la actividad privada.
Los delitos de los que se acusa a los implicados incluyen corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, contra la fe publica, lavado de dinero, entre otros.
En el caso de Montesinos, uno de los principales cargos es el de usurpación de funciones, precisó Carlos Cuaresma, vicepresidente de la comisión al subrayar que el ex asesor de Fujimori utilizó el cargo de asesor del SIN para acaparar luego la jefatura de facto de ese organismo con la anuencia de Fujimori y de los primeros ministros.
Waissman dijo que hasta el momento se han detectado cuentas millonarias de Montesinos por un monto de 92 millones de dólares pero que se presume que los montos que manejó pueden llegar fácilmente a los 800 y mil millones de dólares.
Como indicio señaló que se ha detectado que los testaferros de Montesinos hicieron movimientos de por lo menos 220 millones de dólares.
Waissman reveló que durante tres meses de investigación los integrantes de la comisión recibieron diversas presiones, incluso amenazas de muerte contra sus familiares, y que sus teléfonos fueron objetos de espionaje telefónico de sectores allegados al poder oculto que aún mantiene Montesinos en el país.
Esta interceptación telefónica también se ha dado contra el presidente de la República, Valentín Paniagua, y el presidente del Congreso, Carlos Ferrero.
Anel Townsend, integrante de la comisión, dijo que el trabajo realizado está permitiendo conocer que hubo en el país "la más amplia red de corrupcion y la forma mafiosa de gobernar".
Hizo notar que Montesinos usurpó funciones en todas las esferas del Estado y que en esa actividad ilícita contó con la complicidad del ex presidente Fujimori y de los primeros ministros, quienes no actuaron y no destituyeron al ex asesor.
La comisión dijo que presentará ante el pleno del Congreso se amplíe el plazo de vigencia de la comisión por sesenta días más luego que hoy se cumplió el plazo respectivo de 90 días.
