BOGOTA.- El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC concluyeron este viernes la primera ronda de discusiones sobre un eventual cese al fuego y las hostilidades, destacando que el estudio del tema constituye un "paso significativo" para el proceso de paz pese a su complejidad.
Un comunicado emitido al final de la jornada señala que los negociadores oficiales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) "sustentaron" entre el jueves y el viernes sus propuestas sobre el tema, considerado uno de los más sensibles y complejos del plan de paz.
"Las partes coinciden en que este tema se adelantará con la discreción y reserva que el mismo exige, en el entendido de que su análisis requiere tiempo, rigor y prudencia", agrega la nota. Los delegados del gobierno y del grupo rebelde, que desde julio del año pasado conocen sus iniciativas, las cuales intercambiaron en sobres cerrados, no se fijaron un cronograma ni fecha para llegar a un acuerdo sobre el alto al fuego, que por primera vez en casi cuatro décadas de lucha armada las FARC aceptan discutir.
El grupo guerrillero, el más antiguo y poderoso militarmente del país con unos 12.500 efectivos, inició en enero de 1999 un proceso de paz con el gobierno del Presidente conservador Andrés Pastrana, pero se negó a decretar un cese al fuego.
Los negociadores de las dos partes se reunieron entre el miércoles y el viernes en el caserío de Los Pozos, dentro de la zona desmilitarizada del sur del país, de 42.000 km2, sede los diálogos de paz y bajo control de los insurgentes desde noviembre de 1998. En esta primera ronda de discusión las dos partes pretendían encontrar "puntos de coincidencia" entre sus propuestas, según explicó el alto comisionado para la paz del gobierno, Camilo Gómez, quien encabeza el equipo oficial de negociación.
Aunque no ha trascendido el contenido de las posiciones, los voceros de las FARC han expresado públicamente que el cese del fuego debe ser bilateral, es decir, que el Ejército debe suspender sus acciones ofensivas contra el grupo rebelde.
Respecto al cese de hostilidades, el gobierno quiere prioritariamente que la guerrilla ponga fin a los secuestros y las extorsiones. Los insurgentes, a su vez, demandan que el gobierno ponga fin a su "política neoliberal".
Esa posición fue reafirmada por el propio líder de las FARC, Manuel Marulanda, quien en una entrevista con el semanario comunista Voz dijo que "el conflicto no es sólo armado sino social. "A la clase dominante sólo le preocupa lo que le afecta (el cese al fuego y las hostilidades), pero los temas políticos, sociales y económicos no le interesan mucho", puntualizó Marulanda, cuyo verdadero nombre es Pedro Antonio Marín.
En tanto, los negociadores del gobierno han coincidido en advertir que las posiciones de las dos partes están "muy distantes". Uno de ellos, el senador oficialista Juan Gabriel Uribe, afirmó que la discusión es "compleja y no se deben despertar expectativas sobre un acuerdo cercano".
Uribe explicó que el objetivo final de la discusión es alcanzar un acuerdo "útil para la población y no un cese del fuego y de las hostilidades estratégico o táctico donde se estén buscando ventajas militares de una u otra parte".
Durante la ronda de diálogos que culminó este viernes las partes también acordaron invitar a 27 países de América, Europa y Asia, incluidos Estados Unidos y Cuba, así como a delegados de la ONU y la Unión Europea (UE) a una reunión el próximo 8 de marzo en Los Pozos.
Las partes presentarán a los asistentes un informe conjunto sobre la marcha del plan de pacificación y sostendrán reuniones por separado con cada uno de ellos. Al encuentro fueron invitados, además, funcionarios de Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Ecuador, España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, México, Noruega, Holanda, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Venezuela y el Vaticano.
Asimismo, los negociadores del gobierno y las FARC acordaron intercambiar sus respectivas propuestas sobre el crecimiento económico y la generación de empleo, analizar las iniciativas recogidas en las audiencias públicas y recibir información de expertos y de representantes de los sectores de la producción.
