BUENOS AIRES.- Un juez argentino declaró este martes la "inconstitucionalidad e invalidez" de dos leyes de amnistía que favorecieron a militares involucrados en un caso de tortura y desaparición de un matrimonio y su hija durante la dictadura de 1976-1983, informaron fuentes judiciales.
El magistrado, Gabriel Cavallo, declaró la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas en 1986 y 1987, sólo en el caso de los implicados en el secuestro y desaparición de José Poblete Roa, su esposa Gertrudis Marta Hlaczik y la hija de ambos, Claudia Victoria Poblete.
La decisión respondió a un pedido presentado el año pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y se conoció dos semanas antes de que se cumplan 25 años del golpe militar, el 24 de marzo de 1976.
El fallo podría generar una avalancha de denuncias contra algunos de los 1.180 militares de segundo rango y civiles beneficiados por esas leyes de amnistía, dijeron fuentes judiciales.
Por su parte, el CELS anticipó que presentará más denuncias contra militares y civiles que participaron de la represión ilegal durante la dictadura y fueron beneficiados por esas leyes. La Ley de Obediencia Debida impidió el juzgamiento de los militares que se vieron obligados a cumplir órdenes de sus superiores, mientras la de Punto Final puso fin a los procesos contra varios militares de segundo rango.
Las leyes fueron sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, primer Presidente tras la dictadura, debido a la presión de los militares, que llevaron a cabo aislados levantamientos armados. Entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron durante la llamada "guerra sucia" librada por la dictadura contra militantes izquierdistas.
Al fallo del juez Cavallo seguirá un largo proceso de apelaciones que terminaría recayendo en la Corte Suprema de Justicia, explicó una fuente judicial a Reuters. "Las partes tienen derecho a apelar. En ese caso iría a la Cámara Federal, que resolvería la apelación y eventualmente podría llegar a la Corte Suprema de Justicia", dijo.
Argentina juzgó en 1985 a las juntas militares que gobernaron el país durante la dictadura, condenando a la mayoría de sus integrantes a cadena perpetua. Pero cinco años después, un indulto decretado por el entonces Presidente Carlos Menem les devolvió la libertad.
La fuente judicial explicó que sólo podrían ser juzgados los militares que aún no fueron sometidos a juicio o cuyas causas se suspendieron al momento de la sanción de las normas, además de aquellos beneficiados por el indulto.
