LIMA, 7 (AP) - Las autoridades del Perú recopilan evidencias para abrir una investigación sobre la presunta ejecución extrajudicial de terroristas durante la operación de rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en 1997, y que podría comprometer penalmente al ex presidente Alberto Fujimori.
Cuatro años después, familiares de los rebeldes muertos presentaron una acción solicitando la exhumación de los cadáveres para determinar si murieron en la acción o si algunos fueron ejecutados luego de haberse rendido, como afirmó un ex rehén japonés, a una revista de su país.
El ministro de Justicia, Diego García Sayán, dijo ayer que si existen los argumentos suficientes, una decisión judicial al respecto posibilitaría la autorización para proceder a la exhumación de los restos. "Si las decisiones judiciales se adoptan, esa exhumación sería perfectamente correspondiente", dijo a periodistas García Sayán.
Una fuente de la fiscalía, a cargo de Flor de María Alva, dijo que esa dependencia viene evaluando si se abrirá una investigación sobre la denuncia presentada por los familiares de los rebeldes muertos. Catorce rebeldes del MRTA tomaron en diciembre de 1996 la residencia del embajador del Japón y mantuvieron como rehenes a 72 personas, entre altos funcionarios del gobierno, y funcionarios diplomáticos japoneses.
Cuatro meses después, comandos de fuerzas combinadas ingresaron a la residencia y rescataron a sangre y fuego a los cautivos. Dos comandos murieron, un rehén, y los 14 rebeldes del MRTA.
El ex rehén Hidetaka Ogura, funcionario de la embajada japonesa, reveló recientemente que vio durante la operación de rescate a unos tres miembros del MRTA capturados vivos. Fujimori informó, tras el rescate, que todos los rebeldes murieron durante las acciones.
