SANTIAGO.- El Presidente argentino Fernando De la Rúa aseguró este lunes en Santiago que su Gobierno respetará sus compromisos internacionales y alcanzará "las metas establecidas", tras el programa de ajuste económico anunciado el pasado fin de semana.
"Nuestro país, históricamente, siempre ha honrado y honrará la deuda y lo hará como lo ha hecho siempre: sin dudas, sin preguntas, sin cuestión", señaló el Mandatario, hablando ante la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), inaugurada en la capital chilena.
"Argentina siempre ha procedido de esa manera y así lo seguirá haciendo", insistió de la Rúa, al descartar una eventual cesación de pagos y reafirmar el sistema de paridad cambiaria vigente en su país.
"Quiero decirles enfáticamente que ese sistema se mantiene y no será alterado", señaló, ante los ministros de finanzas y economía, presidentes de bancos centrales y representantes de 45 países que concurren a la reunión del BID.
"Respetamos nuestros compromisos y vamos a cumplir las metas establecidas", declaró, al defender el programa de austeridad lanzado el viernes, con una drástica reducción del gasto público en casi 4.500 millones de dólares este año y el próximo.
De la Rúa sostuvo que uno de los propósitos de su Gobierno, iniciado hace 13 meses, es reducir el déficit fiscal y alcanzar un equilibrio presupuestario, además de aumentar la competitividad de la economía argentina y mantener el crecimiento actual de sus exportaciones.
"Quiero ser claro. Las medidas que pondremos en práctica son una profundización del curso de las polítidas lanzadas por esta administración. No hay cambios de rumbos, porque partimos del principio de la solvencia fiscal y la búsqueda de la competitividad en la economía", advirtió.
"No hemos alterado nuestro diagnóstico ni nuestras convicciones acerca de las soluciones estratégicas que estamos aplicando", dijo De la Rúa.
El Mandatario socialdemócrata negó por otra parte que Argentina sea un centro de "lavado de dinero" proveniente de la droga y sostuvo que los inversionistas extranjeros tienen "la garantía y seguridad jurídica de un país que vive en la democracia y en la ley".
