QUITO.- El mayor centro carcelario de Quito, el penal García Moreno, fue tomado hoy por sus 650 presos, que tienen en su poder a más de cien rehenes, en demanda de la inmediata aplicación de una ley de reducción de las penas, cuya vigencia está temporalmente suspendida en Ecuador.
Entre los rehenes, que en su mayoría son familiares de los presos, hay "por lo menos diez niños", según reportó la cadena de televisión Teleamazonas.
El penal, ubicado en pleno centro de Quito, fue inmediatamente rodeado por policías de asalto, en ropas de campaña. Sin embargo, las autoridades descartaron una acción de fuerza. "Hay negociaciones en marcha", según anunció escuetamente un portavoz del gobierno, que no informó si entre los rehenes hay guardias o personal de seguridad.
La toma ocurrió alrededor de las 18:00 horas local, cuando a la hora de la salida de los visitantes un representante de los presos anunció que "estamos en control total del penal" e informó que la ocupación continuará hasta que sea nuevamente aplicada la ley de reducción de las penas conocida como "dos por uno".
Esa ley, en vigencia desde 1998, reduce a la mitad las condenas de los presos con buena conducta. Pero ciertas objeciones de la policía, referidas básicamente a la liberación de narcotraficantes, estarían demorando algunas rebajas.
"Hay unas cien carpetas detenidas", aseguró Sonia Andrade, de la Asociación de Derechos Humanos, una organización que trabaja en favor de los presos. Dijo además que "aquí no hay rehenes, sino familiares solidarios con los presos, que han decidido quedarse".
La ocupación del penal García Moreno, construído a mediados del siglo XIX, ocurrió sin violencia. "Este no es un acto de fuerza, sino una protesta", según afirmó el portavoz de los presos, cuyo nombre no fue revelado.
En el penal hay delincuentes de alta peligrosidad, repartidos en las cinco alas del centro, incluídos asesinos y violadores, además de dos de los hombres más ricos de Ecuador, Fernando Aspiazu y Alejandro Peñafiel, que junto a otros 29 banqueros que están prófugos fueron acusados de la gran crisis bancaria ecuatoriana de 1999.
