LIMA.- La congresista Susana Higuchi, denunciará penalmente a su ex esposo el ex Presidente Alberto Fujimori -refugiado en Japón desde noviembre pasado- por la comisión de los delitos contra la fe pública, falsedad genérica, fraude procesal y contra la administración de justicia, informó este sábado el abogado Alberto Bautista.
El defensor de Higuchi dijo a la prensa que la demanda se sustenta en la resolución del Tribunal Constitucional que ordenó en la víspera la anulación de todo lo actuado en el proceso abierto por la legisladora contra su ex esposo "por la deuda de 1.200.000 dólares que Fujimori no quiso reconocer, llegando incluso a negar su huella digital y su firma".
Bautista anunció también que se tramitará el embargo de toda las cuentas de ex Presidente Fujimori y agregó que se está investigando la existencia de otros haberes secretos del Mandatario.
Asimismo, precisó que la señora Higuchi demandará también por prevaricato a 16 magistrados que intervinieron en el proceso y garantizaron la impunidad del ex Presidente.
En cuanto a la deuda, el abogado explicó que Higuchi le prestó a Fujimori 306.500 dólares durante la campaña electoral en 1990 cuando el ex Mandatario era un desconocido aspirante presidencial.
En diciembre de 1993, ya en el gobierno Fujimori y en crisis su matrimonio, el ex Mandatario y su asesor Vladimiro Montesinos le entregaron a Higuchi tres documentos, el primero de ellos fue un poder para comprar, vender, remover dinero de cuentas bancarias y transferir bienes tanto de la sociedad conyugal como propios de cada uno de los cónyuges.
Los otros dos documentos eran acuerdos de reconocimientos de obligaciones, por los cuales Fujimori se compromete a pagarle a Higuchi la deuda contraída en 1990 más los intereses lo que arrojó 1.200.000 dólares.
"Fujimori para dejar todo en claro firmó y puso su huella digital a un lado de su rúbrica", dijo Bautista.
Tras su separación en 1994 y luego del divorcio el 16 de noviembre de 1995, la señora Higuchi reclamó la deuda contraída.
Sin embargo, en abril de 1997 -el mismo día de la toma de la residencia del embajador japonés por militares, que había sido capturada por un comando del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru- Fujimori negó ante una jueza civil, su huella digital y su firma.
Dos peritos en grafotecnia nombrado por un juez de la Corte Superior de Lima analizaron la firma, la huella y concluyeron que ambas eran auténticas, pero la segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima rechazó ese peritaje y por lo tanto declaró infundada la demanda de la señora Higuchi.
