LA PAZ.- El principal partido opositor de Bolivia, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pidió hoy oficialmente la renuncia del presidente, Hugo Banzer en medio de conflictos sociales, pero el reclamo fue rechazado rotundamente por las autoridades.
"El gobierno de Banzer ha perdido credibilidad, legitimidad y autoridad para remontar esta situación de desastre nacional", afirmó el ex Mandatario de Bolivia y jefe del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, precisamente cuando Banzer no se encuentra en el país y la presidencia está al mando el Vicepresidente, Jorge Quiroga.
Sánchez de Lozada, seguro candidato para las elecciones generales de 2002, basado en el artículo 7 inciso H de la Constitución Política del Estado (CPE) solicitó a Banzer "su renuncia a la Presidencia de la República y pedir al Vicepresidente Jorge Quiroga que asuma la Presidencia''.
"Demandar que el nuevo Presidente Constitucional conduzca un proceso de reencuentro y concertación de salvación nacional, con el propósito de revertir la crisis económica, erradicar la corrupción y realizar elecciones limpias y transparentes", añadió el ex Presidente.
Al respecto Quiroga, en ausencia de Banzer, quien asiste a la Cumbre de las Américas en Québec, Canadá, dijo que "el Presidente de la República concluirá su mandato el 6 de agosto de 2002 como lo establece la carta magna, cuando entregue el mando al ciudadano que sea legalmente elegido".
Agregó que "en condición de Vicepresidente, con lealtad incuestionable al Presidente Constitucional Hugo Banzer y como un hombre pegado a la democracia, a la Constitución y al Estado de Derecho no me prestaré ayer, hoy ni mañana a estos deplorables atentados contra Bolivia".
Consultados los ministros de Estado, cada uno por su lado, afirmaron que el pedido de Sánchez de Lozada es un "acto de sedición" y anunciaron el inicio de un juicio formal al ex Presidente.
En tanto dos marchas se dirigen a La Paz contra la política de erradicación de cultivos de coca en Bolivia, a donde piensan llegar el 23 de abril, una de ellas integrada por trabajadores de prensa y representantes de movimientos de defensa de los derechos humanos.
La primera marcha denominada "Por la Vida y soberanía de los pueblos" partió el lunes 9 de abril de la ciudad de Cochabamba con unos 1.000 manifestantes entre productores de coca, campesinos, regantes, maestros, deudores y otros que por tres intervenciones policiales y militares tuvieron que dividirse en columnas.
Una de esas columnas, comandada por el líder cocalero y diputado opositor, Evo Morales, reanudó hoy su caminata desde la población de Patacamaya, distante a 100 kilómetros de la ciudad de La Paz y es acompañada por representantes de los trabajadores de la prensa y de derechos humanos.
Mientras que el resto de los manifestantes atraviesan el altiplano boliviano a través de caminos de "herradura" o sendas para evitar una represión o intervención de los uniformados.
La otra marcha partió el martes del área rural de los Yungas, zona tropical al norte de La Paz, -donde el gobierno pretende erradica 1.700 hectáreas de coca ilegal- y se encuentra a 90 kilómetros de la sede de gobierno
En la marcha participan unos 2.350 productores de coca y campesinos que según el dirigente cocalero Dionisio Núñez se dividieron en varias columnas para evitar posibles intervenciones, aunque la prensa local afirma que son sólo unos 500.
La presencia de representantes de los trabajadores de la prensa la ciudad de Cochabamba y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) fue hoy duramente cuestionada por los partidos de opositores y oficialistas.
Según los partidos políticos tanto la prensa como la APDHB deberían ser imparciales y velar por los intereses de todos los sectores incluyendo al pueblo.
"La Asamblea Permanente de Derechos Humanos no puede tomar partido para alentar a las manifestaciones o marchas. También tienen que velar por el derecho al libre tránsito", sostuvo el senador por el principal partido opositor Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Raúl Lema.
De la misma opinión fueron Gonzalo Molina, senador del opositor Nueva Fuerza Republicana (NFR), y el diputado oficialista, Oscar Torrico del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
Al respecto, tanto el presidente de la APDHB, Waldo Albarracín y el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB), Fernando Suárez aclararon que la presencia de sus miembros es sólo para "vigilar y garantizar" los derechos humanos de los manifestantes.
