BUENOS AIRES.- Legisladores y dirigentes peronistas expresaron el jueves su solidaridad con Carlos Menem y reclamaron que "no se politice la justicia", en una causa por venta ilegal de armas en la que el ex presidente fue citado como presunto "jefe de una asociación ilícita", que podría culminar con su detención y procesamiento.
Varios centenares de dirigentes peronistas se congregaron en el Congreso y aprobaron una resolución, en la que consideran "extremadamente grave" que se impute la comisión de delitos a un ex presidente constitucional "sobre la base de presunciones o meras sospechas".
Menem expresó en la noche del jueves su agradecimiento por el apoyo recibido de sus correligionarios y dijo que la venta de armas "fue una cuestión de estado en todas las operaciones que a lo largo de su historia hizo la Argentina".
"Es absurdo que todos los presidentes que las hemos autorizado terminemos acusados por la justicia", añadió en una declaración escrita, aunque sin aclarar a que otros presidentes se refería.
Destacó que de otro modo "el precedente sería escandaloso y los presidentes deberían inhibirse de normar por las manipulaciones posteriores que de esas normas pudieran hacer terceros inescrupulosos".
El ex presidente ha sostenido que la firma del decreto autorizando la venta de armas fue legal y atribuyó la llegada del cargamento a Ecuador y Croacia a "contrabandistas" que no identificó.
Menem designó defensor al veterano abogado penalista Oscar Roger, su profesor en la Universidad de Córdoba y Procurador General de la Nación durante su gobierno (1989-99).
"Exigimos que la justicia investigue hasta el final cualquier hecho supuestamente ilícito, pero sin que se judicialice la política, ni se politice la justicia", expresó el documento peronista.
Participaron de la reunión casi todos los sectores de su partido peronista, incluyendo de aquellos que cuestionan su jefatura, ante la posibilidad de que sea detenido y procesado en la causa por la venta de armas realizada durante su gobierno, entre 1991 y 1995.
Solamente no participó el gobernador peronista de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien dijo que sus correligionarios "se equivocan".
"Si la justicia cita a un ex presidente, a un gobernador, a un ex gobernador, tiene que comparecer", declaró Kirchner.
"Si alguien hizo lo que no debía hacer, debe ser severamente castigado".
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la semana pasada al juez Jorge Urso, que cite a prestar declaración indagatoria a Menem como presunto "jefe de una asociación ilícita", calificación penal que si es aceptada por el magistrado, podría conducir a la detención del ex presidente.
Menem, de 70 años, proclama su inocencia, asegura ser víctima de una "persecución política" y sostiene que la venta de armas fue "absolutamente legal".
Aunque realmente destinada a Croacia y Ecuador, se hizo mediante decretos reservados que hicieron aparecer la operación como destinada a Venezuela y Panamá, con documentación fraguada e intervención de empresas intermediarias de dudosa existencia, a través de las cuales se habrían cobrado multimillonarias "comisiones ilegales".
El presidente Fernando de la Rúa declaró en los últimos días que su gobierno se mantendrá absolutamente prescindente y que respetará la separación de poderes y la autonomía de la judicatura.
Los legisladores peronistas resolvieron el miércoles no formar quórum y obligaron a postergar, hasta la semana próxima, sesiones del Congreso donde debían tratarse proyectos económicos enviados por el gobierno en carácter de urgentes. Uno de ellos se refiere a la ampliación del sistema cambiario de convertibilidad.
Sin embargo, De la Rúa declaró el jueves que la actitud solidaria de los legisladores peronistas con Menem, seguramente "no implicará que el tratamiento de las leyes en el Congreso experimente algún tipo de retraso. Tampoco tendrá incidencia sobre la gobernabilidad del país".
El fiscal Stornelli, duramente atacado por la dirigencia peronista, declaró el jueves que las críticas "tienen el claro fin de impedir que el juez Urso resuelva determinadas cosas; si no, no habría tanta preocupación".
El fiscal agregó que contrariamente a lo que alegan los líderes peronistas, la citación judicial a un ex presidente "no pone en crisis la gobernabilidad, sino que la fortalece".
Stornelli dijo que su pedido de que sea citado Menem se sustenta "en seis años de investigación, 95 cuerpos de actuación y 300 legajos de documentación" en la causa por la venta ilegal de armas.
