LA PAZ.- Bolivia parecía encaminarse a partir de la próxima semana a una parálisis total de actividades por orden de la principal central sindical del país, mientras los cocaleros del Chapare lograron su objetivo de cortar la principal carretera del país pese a un fuerte desplazamiento de tropas en el marco de una creciente escalada de protestas sociales.
Una revitalizada Central Obrera Boliviana (COB) suspendió el diálogo con el gobierno del Presidente Hugo Banzer y convocó a una huelga nacional por tiempo indeterminado a partir del lunes, según su principal dirigente, Alberto Camacho.
Con un petitorio resumido de 15 puntos, entre los que figura el retorno al capitalismo de Estado, la COB adujo para llamar a la huelga porque "hasta el momento no ha habido indicios de solución a los problemas, sino (que) ha sido una negociación dilatoria con las propuestas que nos lanza el Gobierno".
La huelga nacional será implementada mientras está en curso un bloqueo de la carretera principal que conecta Cochabamba (centro) con Santa Cruz (este), que interrumpió el tráfico de vehículos de pasajeros y carga.
Jugando al gato y al ratón con las tropas unificadas de las Fuerzas Armadas Bolivianas, los campesinos cocaleros de la región del Chapare mantenían paralizado el transporte en la principal carretera del país, aumentando la presión social sobre Banzer.
Los campesinos, divididos en grupos de entre 20 y 100, recorren tramos estratégicos de la carretera y los bloquean con piedras y árboles, pero se retiran cuando aparece el Ejército, para evitar enfrentamientos directos, pero una vez las tropas se desplazan hacia otras zonas, vuelven a lanzar piedras y objetos sobre la vía.
El comandante de la séptima división del Ejército, general Remmy Ramírez, dijo a la prensa que sus hombres trabajan en el levantamiento de los objetos colocados por los campesinos.
Unos 7.000 efectivos de las tropas unificadas de la policía y el ejército boliviano trabajan en la zona, aseguran los campesinos, aunque el general Ramírez se negó a confirmar esa cifra.
Producto de los operativos de las fuerzas del orden, 19 cultivadores de coca que cortaban la ruta en oposición a la política antidrogas de Banzer, fueron apresados este viernes, de acuerdo con un comunicado oficial.
El ministro de Gobierno (Interior), Guillermo Fortún, afirmó que los cocaleros detenidos serán remitidos a la justicia ordinaria, acusados de inferir daño a la propiedad pública, a las exportaciones nacionales y por perjudicar el libre tránsito de vehículos.
Los manifestantes encabezados por el líder cocalero Evo Morales, con quien el Gobierno ha cerrado cualquier posibilidad de diálogo, "están agravando la situación económica del país en desmedro de los más necesitados", lamentó el alto funcionario.
El corte de rutas tiene su foco central en la región donde el Gobierno eliminó en tres años unas 38.000 hectáreas ilegales del arbusto.
Productores de coca de los Yungas, unos valles cercanos a La Paz, intentaban por su lado bloquear las vías de esa región productora de coca, ante un fuerte despliegue policial y militar en la zona, según fuentes sindicales.
Principal centro de abasto de frutos y cafeto, los Yungas se encuentra ahora en la mira de los erradicadores de coca que, a través del satélite, comprobaron la existencia de 1.700 hectáreas de plantaciones ilegales de coca, principal insumo para la elaboración de cocaína.
Con el clima social al rojo vivo, la poderosa Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), encabezada por el líder aymara Felipe Quispe, llamó desde el próximo martes, en coincidencia con el Día Internacional del Trabajo, a bloquear las principales rutas del Altiplano.
Entre octubre y noviembre del año pasado, Quispe ordenó a sus seguidores mantener un bloqueo de carreteras durante un mes, que cortó el ingreso de alimentos a La Paz y el comercio de ultramar por los puertos de Chile y Perú.
La Cámara de Diputados se sumó en tanto a las invocaciones de la Iglesia católica -cuya jerarquía recibió la víspera en audiencia a Banzer- de propiciar un clima de diálogo en el país.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes una declaración en la que "insta al Gobierno Nacional a cesar la represión e iniciar de inmediato, con la intermediación de la Iglesia, un diálogo sincero y constructivo con todos los sectores en conflicto a fin de garantizar la pacificación, la democracia y el desarrollo regional".
A la ola de descontento se suma una grave crisis política para Banzer, toda vez que el ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97), líder de la principal formación política de oposición del país, ha reclamado en forma reiterada la dimisión del Jefe de Estado boliviano.
Pese al acelerado deterioro de la situación social en el país, Banzer descartó por el momento decretar un estado de sitio.
Tras una reunión del gabinete de ministros, Banzer descartó la eventualidad del recurso constitucional que limita las libertades individuales, informó el vocero oficial, Manfredo Kempff.
