SANTIAGO.- El jefe de la misión de observación de la OEA en Perú, Eduardo Stein, afirmó hoy que durante el mandato de Alberto Fujimori, Perú constituyó, a grandes rasgos, "un 'narcoestado' vestido con el ropaje de una institucionalidad jurídica cabal".
Aunque el embajador Stein aclaró que ésta es una caricaturización de lo que sucedió en Perú, remarcó que fueron precisamente las irregularidades detectadas en el funcionamiento de las instituciones democráticas lo que obligó a la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El embajador destacó los avances que ha tenido Perú desde entonces, sobre todo en cuanto a las garantías del sistema electoral.
Stein señaló que la primera vuelta de los comicios presidenciales, celebrada el pasado 8 de abril, fue "un proceso radicalmente distinto al de hace un año".
"Este año no existió la maquinaria abusiva que utilizó ilegalmente recursos públicos para promover la candidatura oficial, como era el caso del año pasado con el presidente Fujimori, que utilizó la ley electoral y varias instituciones en su favor", afirmó.
"Tampoco existió aquella maquinaria formidable de control político que manejaba Vladimiro Montesinos y que se expresaba de diversas formas, controlando las decisiones de los entes electorales y los procedimientos de justicia", agregó.
Eduardo Stein se refirió también al control de los medios de comunicación -sobre todo la "prensa amarilla"- que durante las elecciones del año pasado "se iban a la yugular de cualquier candidato opositor" para destruir su reputación y sus familias.
"Este año hay una apertura bastante grande, franca y equitativa y tampoco se vivió el tipo de zozobra institucional del año pasado que causó la constante evasiva del jurado nacional de elecciones para ejercer su responsabilidad de fiscalización del proceso electoral", dijo.
En ese sentido, destacó que, desde el punto de vista del procedimiento de la elección y su limpieza, "la primera vuelta fue realmente correcta".
El jefe de la misión de la OEA en Perú reconoció que el caso de este país fue el que desencadenó la necesidad de un instrumento más adecuado para aplicar a los países que quebrantan el sistema democrático.
"En Perú se pasó de la observación a la fiscalización democrática", aseveró.
A ese respecto, manifestó que la discusión respecto de una "cláusula democrática" que rija en los países de la región es una opción real que incluso podría ser aprobada en San José, a comienzos de julio próximo.
Sostuvo que América no tiene sistemas eficaces para hacer que todos los Estados se obliguen de manera explícita a observar comportamientos de respeto a los derechos individuales y la democracia.
"La situación política actual de la región necesita un instrumento más evolucionado. Hay conciencia compartida de la necesidad de un instrumento de esta naturaleza", concluyó.
