LIMA.- La fiscal de Perú anunció haber presentado una denuncia constitucional contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori por presunta responsabilidad en el asesinato de 15 personas, en 1991, por un escuadrón de la muerte, a cuyos integrantes condecoró y pagó beneficios.
La acusación es "por violación contra los derechos humanos. Hemos presentado pruebas, recogido declaraciones, todo está bien estudiado para que el Congreso se pronuncie", dijo la fiscal Nelly Calderón a la radio local RPP.
La matanza de civiles --que al parecer fueron confundidos por guerrilleros en el distrito limeño de Barrios Altos-- es uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos durante la década de poder de Fujimori.
"Tras las muertes (...) el denunciado Alberto Fujimori habría concurrido al Servicio de Inteligencia Nacional y, reconociendo la eficacia del trabajo efectuado por este grupo criminal, realizó la condecoración, felicitación y pago de servicios especiales a los autores de estos horrendos hechos", afirmó Calderón en la denuncia.
"Obviamente lleva a la conclusión de que tenía pleno conocimiento de los hechos denunciados y de otras acciones realizadas por este grupo de aniquilamiento, de las que habría tenido el dominio o la potestad de decidir si se llevaban a cabo o no", añadió.
Calderón calificó los hechos como de "sangre fría" y "alevosía", basados en pruebas entregadas por tres integrantes del escuadrón de la muerte --llamado "Grupo Colina"-- que participaron en el homicidio y de cinco supervivientes.
La fiscal, quien presentó la denuncia la noche del miércoles al Poder Legislativo para su discusión, acusó a Fujimori como "coautor de la matanza", as" como por el delito de lesiones graves de otras dos personas que lograron sobrevivir.
Si el Congreso aprueba la denuncia deberá remitirla a un juez para que abra un proceso contra el ex presidente.
"Es gravísimo", dijo Daniel Estrada, jefe de una subcomisión del Congreso que investiga a Fujimori por homicidio, desaparición forzada y terrorismo.
La masacre se produjo hace 10 años cuando una decena de personas encapuchadas y con botines militares irrumpieron en una fiesta realizada en una casona antigua en Barrios Altos y acribillaron a 15 personas, entre ellos un niño de ocho años.
La llamada "matanza de Barrios Altos" fue atribuida al Grupo Colina integrada por militares en ejercicio pero que bajo la clandestinidad asesinaban a quienes consideraban miembros del grupo rebelde Sendero Luminoso, el más violento de Perú.
EN BUSCA DE EVIDENCIAS CONTUNDENTES
Las investigaciones de las matanzas del Grupo Colina tratan de determinar el grado de implicación de Fujimori con el escuadrón de la muerte, que habría operado bajo la dirección del ex asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Fujimori, quien fue destituido en noviembre por "incapacidad moral", permanece en Japón amparado por su doble nacionalidad, y se enfrenta además a cargos de abandono de deberes.
"Ahora no existe ninguna duda que Fujimori sea extraditable", dijo el procurador del Estado, José Ugaz, quien investiga la supuesta red de corrupción tejida por Montesinos.
Japón no contempla en su legislación la extradición de ciudadanos japoneses y, además, Perú no cuenta con ningún trato bilateral de extradición.
Ugaz afirmó, sin embargo, que por los casos de violaciones a los derechos humanos Fujimori podría ser juzgado en Japón.
