BOGOTA.- El Congreso de Colombia aprobó un polémico proyecto que autoriza a las Fuerzas Militares a realizar detenciones, allanamientos y practicar diligencias judiciales en zonas de guerra a las que no puede ingresar la Fiscalía General, dijeron el viernes fuentes legislativas.
Los comandantes militares piden esas facultades para mejorar sus resultados en la lucha contra la guerrilla izquierdista y los paramilitares de ultraderecha, principales actores de una guerra interna que dejó 40.000 muertos, la mayoría civiles, en la última década.
Pese a la polémica que desató, el legislativo aprobó en la noche del jueves, en su último de cuatro debates, el proyecto, que se convertirá en ley con la firma del presidente Andrés Pastrana.
"Esta es una facultad excepcional, transitoria y precisa. Además en su desarrollo va a jugar un papel fundamental la Fiscalía General de la Nación", dijo el ministro de Defensa, Gustavo Bell.
Pese al conflicto interno que azota a este país desde hace 37 años, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada carecen de facultades para detener personas, realizar allanamientos, recopilar pruebas ni levantar cadáveres.
Las Fuerzas Militares sólo pueden, hasta la sanción de la iniciativa, realizar detenciones y allanamientos con ordenes judiciales y acompañados por funcionarios de la Fiscalía.
Sin embargo, debido a la intensidad del conflicto y por razones de seguridad, los funcionarios judiciales no ingresan a varias regiones del país controladas por la guerrilla o los paramilitares, lo que limita la ofensiva de las fuerzas armadas, según los comandantes militares.
Legislación ilegal y fascista, dicen opositores
"Cuando por motivos fundados un grupo especial de la Fiscalía General no pueda acompañar permanentemente las funciones de las Fuerzas Militares, el fiscal general deberá atribuir, de manera transitoria, precisas facultades de policía judicial a miembros de las Fuerzas Militares", dice el proyecto de ley.
Los militares que asuman facultades de policía judicial deberán usar distintivos especiales, hacer un curso y no combatir durante los procedimientos, especifica.
Un grupo de legisladores y de defensores de derechos humanos se opuso a la aprobación de la que denominaron "ley de guerra" con el argumento de que viola la Constitución y contribuirá a aumentar las violaciones por parte de las fuerzas militares.
Las Fuerzas Militares de este país son acusadas por grupos humanitarios, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, de tener uno de los peores historiales de violación a los derechos humanos del hemisferio y de apoyar a los paramilitares, que combaten con violentos métodos a la guerrilla y a sus colaboradores.
El legislador Antonio Navarro dijo que la futura ley es inconstitucional y anunció que será apelada ante un alto tribunal para que impida que entre en vigor.
Por su parte el congresista Gustavo Petro aseguró que es una legislación "fascista". Navarro y Petro militaron en la antigua guerrilla del M-19, que se desmovilizó en 1990 luego de un acuerdo de paz con el gobierno.
"El proyecto mantuvo unas atribuciones inconvenientes, claramente violatorias de la Constitución", aseguró por su parte Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, un grupo que promueve la defensa de los derechos humanos.
