GUATEMALA.- El gobierno suspendió algunas garantías constitucionales por 30 días para facilitar la captura de reos que escaparon el domingo de una prisión de máxima seguridad.
Pero organismos de derechos humanos se oponen a que se suspenda parcialmente el derecho a la libertad de expresión.
"Es un decreto firmado por el Presidente (Alfonso) Portillo que restringe cuatro garantías constitucionales", dijo en conferencia de prensa el lunes por la noche Luis Mijangos, Secretario Privado de la Presidencia.
La medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno por recuperar a 78 reos que se escaparon el domingo de la cárcel de máxima seguridad de Escuintla, a 50 kilómetros al sur de la capital.
La policía logró recapturar a 12 los reos e informó sobre la muerte de dos de los prófugos.
El decreto debe ser aprobado por el congreso en un plazo máximo de tres días y estará en plena vigencia el miércoles, dijo Mijangos.
Con la medida, el Gobierno suspende los artículos sobre la libertad de acción, detención legal, interrogatorio a presos y detenidos, y sobre libertad de locomoción.
El estado de alarma, segundo en categoría de los cinco estados que puede declarar el Presidente, contempla la suspensión del primer párrafo del artículo 35 de la Constitución, que restringe la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa.
Mijangos aseguró que en el decreto de Portillo "ni siquiera se menciona el artículo 35".
"Es exagerado y lo único que se busca es vedar a la población su derecho a manifestarse y protestar", dijo a la AP Carlos Mejía, un ex comandante guerrillero de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, hoy convertido en diputado opositor.
Según el parlamentario, su bancada, integrada por nueve diputados, no apoyará la medida y pedirá que se retire de la lista de suspensiones el derecho a la libertad de acción y el de locomoción.
"Lamentamos que se violente el derecho de locomoción y libertad de acción, como acción que justificará las acciones del Gobierno", dijo Mejía.
Por su parte, Roberto Villeda, del Centro de Defensa de la Constitución, dijo a la AP que "es una reacción lógica, ante la crisis, de la fuga de los reos, lo que se espera es que únicamente se lleve en función de las necesidades de localización y recaptura de las personas prófugas".
Los entrevistados mostraron su temor de que el manejo de esta crisis, lleve al Estado a violar algunos derechos.
"El limitar la libertad de locomoción y acción, también afectará otras demostraciones públicas", dijo Mejía.
Según Villeda, "el Gobierno debe ser muy cuidadoso con la forma en que maneje la restricción de garantías. Podría incurrir o algunos de sus agentes en violación a los derechos humanos que podrían resultar en deducción de responsabilidades a los actuales mandatarios en el futuro".
