BUENOS AIRES.- La Justicia argentina dictó una orden de captura, con fines de extradición, contra tres militares y un policía de Uruguay, acusados de delitos de lesa humanidad, según informaron hoy fuentes de los tribunales locales.
La orden de arresto fue decidida por el juez federal de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral y comprende a los oficiales del Ejército uruguayo José "Nino" Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira y al comisario Hugo Campos Hermida.
El magistrado investiga el denominado "Plan Cóndor", un sistema coordinado entre las dictaduras que gobernaron el cono sur americano en los años '70 para la eliminación de sus opositores políticos, aún fuera de las fronteras nacionales.
Según las denuncias y testimonios recopilados por el juez Canicoba Corral, los tres militares y el comisario uruguayos participaron en 1976 del secuestro en Buenos Aires de su compatriota Sara Méndez y de su hijo recién nacido.
La mujer y su bebé fueron vistos por última vez con vida, según testimonios de sobrevivientes de la represión ilegal, en la cárcel clandestina conocida como "Automotores Orletti", que funcionó en un barrio periférico de la capital argentina.
Las fuentes judiciales indicaron que el magistrado bonaerense pretende que los tres militares y el comisario uruguayo "sean detenidos por Interpol donde se hallen y extraditados" a Buenos Aires para su correspondiente indagatoria.
La Justicia de Argentina había solicitado a su similar de Uruguay informes sobre las misiones y destinos de los tres militares y del comisario imputados, pero esa petición fue rechazada por el Gobierno del vecino país.
Las autoridades uruguayas alegaron, para denegar el reclamo argentino, que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1990, decretó la amnistía de los delitos perpetrados por el régimen militar que gobernó ese país (1973-85).
El juez Canicoba Corral ha procesado por el "Plan Cóndor" a los ex dictadores argentino Jorge Videla, al chileno Augusto Pinochet y al paraguayo Alfredo Stroessner, quien ha manifestado su intención de declarar en Brasil, donde goza de asilo político.
Videla, detenido por su responsabilidad en el secuestro y cambio de identidad de hijos de desaparecidos, compareció el miércoles pasado ante Canicoba Corral, pero se negó a responder las preguntas del magistrado y del fiscal Miguel Ossorio.
También están imputados los chilenos Manuel Contreras Sepúlveda y Pedro Espinoza Bravo, quienes estuvieron al frente de la entonces Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen que encabezó Pinochet.
