TOKIO.- El Gobierno japonés respetará tanto las reglas internacionales como las leyes propias del país en el caso del ex presidente peruano Alberto Fujimori, que reside en Tokio, pero reiteró la imposibilidad de extraditarlo por tener nacionalidad japonesa, informaron hoy las autoridades.
"Estamos abiertos a escuchar cualquier petición formal u opinión", dijo Kazuhiko Koshikawa, portavoz del primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, en respuesta a los comentarios del presidente peruano, Valentín Paniagua, quien ayer dijo que la extradición de Fujimori no depende de las "opiniones" de las autoridades niponas, sino de las normas internacionales. "Tenemos que observar las reglas internacionales y los tratados nacionales, pero debemos también seguir el dictado de las leyes locales japonesas", hechas para proteger a sus ciudadanos, resaltó.
Recordó que Japón tiene leyes de extradición "que dicen los casos en los que se aplica" y un tratado bilateral al respecto, pero únicamente con EEUU, que se ha utilizado una decena de veces en los últimos diez años.
"La postura japonesa opuesta a la extradición de Fujimori no ha cambiado. Tenemos que seguir la legislación del país", manifestó por enésima vez para añadir que el Gobierno japonés no ha recibido por el momento ninguna solicitud formal por parte del Ejecutivo de Perú para que se extradite al ex presidente.
Fuentes diplomáticas señalaron a este respecto que el Gobierno peruano está en proceso de preparación y verificación de una acusación contra Fujimori que cimente con veracidad y peso una solicitud de extradición a la que no se pueda negar Japón.
Según la ley nipona, los delitos cometidos por una persona a la que se quiera extraditar deben implicar en su país una pena de prisión superior a tres años, motivo por el cual quedó descartada la acusación constitucional de abandono del cargo e incumplimiento de sus deberes como motivo de extradición de Fujimori, por conllevar una condena máxima de dos años.
Tokio declinó comentar la detención en Venezuela del que fuera brazo derecho de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y su expulsión a Lima, donde es interrogado por una serie de cargos en su contra, porque fue calificado como un "asunto interno" del Gobierno peruano.
El Gobierno japonés tampoco conoce, al menos oficialmente, que el juez anticorrupción Jorge Barreto haya emitido una orden para detener al ex embajador de Lima en Tokio, Víctor Aritomi, cuñado de Fujimori, que también vive en Japón, por haber entregado presuntamente a Montesinos los 15 millones de dólares que el depuesto presidente dio a su ex asesor para que se marchara del país.
Koshikawa se escudó en la privacidad para evitar pronunciarse sobre una presunta doble nacionalidad nipona de Aritomi que le permitiría residir en Japón como Fujimori.
"Es peruano sin duda alguna porque fue embajador de Perú, pese a que físicamente su cara es la de un japonés. Pero si él mismo no solicita -a las autoridades japonesas- que se investigue su posible nacionalidad japonesa, no podemos saberlo", dijo.
Aritomi, que fue diez años embajador en Tokio hasta noviembre de 2000, nació en Perú después de que llegaran allí sus padres emigrantes del sur de Japón.
A preguntas que la parlamentaria Kijomi Sujimoto elevó en marzo al Gobierno sobre la presunta nacionalidad de Aritomi, el Ejecutivo dijo entonces que no podía responder por ser un asunto privado que únicamente le competía al interesado.
El portavoz del Gobierno japonés aseguró que oficialmente Japón no mantiene contacto alguno con Fujimori, e indicó que sus reuniones con el gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, quien según la prensa local ha puesto a disposición del ex dirigente uno de sus despachos políticos, han sido "contactos personales" en los que el Ejecutivo no está implicado.
