BUENOS AIRES.- La presidencia de Carlos Menem (1989-99) -contra quien se dictó prisión preventiva este miércoles por una causa de venta ilegal de armas- fue sacudida desde su inicio por permanentes denuncias de corrupción.
A menos de un año de asumir, estalló en 1990 un escándalo por guardapolvos escolares adquiridos por el Estado a precios muy superiores a los del mercado, en el que quedó involucrado el entonces ministro de Salud y Acción Social, Eduardo Bauzá (luego Secretario General de la Presidencia y jefe de Gabinete), estrecho allegado a Menem.
En enero de 1991, saltó el "Swiftgate", un pedido de sobornos al frigorífico norteamericano Swift para seguir operando en el país. La denuncia había sido hecha por el entonces embajador estadounidense Terence Todman, y renunciaron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, y Emir Yoma, cuñado y asesor del presidente (ahora preso, al igual que Menem, por la causa de las armas).
Simultáneamente, la hermana de Emir, Amira Yoma, secretaria del presidente, se vio involucrada en una maniobra de lavado de narcodólares por la justicia española y debió abandonar su cargo. La Cámara Federal la absolvió en 1993.
Poco después, Miguel Angel Vicco, secretario privado de Menem, estuvo implicado en una venta al Estado de leche no apta para el consumo, resultando procesado en 1992. Ese mismo año, la Conferencia Episcopal Argentina denunció la existencia de "una corrupción generalizada". En 1992, se produjo la renuncia del alcalde de Buenos Aires (cargo entonces designado por el presidente), Carlos Grosso, cuestionado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Grosso fue procesado en 1993.
Hacia fines de ese año, renunció el ministro del Interior, José Luis Manzano, criticado por supuestos manejos ilícitos, y a quien se le atribuye la frase "Robo para la corona", que el periodista Horacio Verbitsky recogió como título de un libro best-seller, que llegó a vender 300.000 ejemplares.
En 1993, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, fue acusado de haber pedido favores especiales a directivos de la empresa Gas del Estado.
En 1995, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció la existencia de mafias en el gobierno, mencionando al empresario Alfredo Yabrán, cercano a Menem, como jefe de las mismas (Yabrán se suicidó en 1998).
También en 1995 sale a la luz un caso de coimas por un contrato suscrito entre el Banco Nación (BNA, la principal entidad bancaria oficial argentina) y la empresa IBM. El gigante informático había ganado la licitación para proveer un sistema de computación a 525 sucursales del Banco Nación, el "Proyecto Centenario", por un monto cercano a los 250 millones de dólares; se sospecha que el 15% de ese dinero se destinó a comisiones ilegales.
El 8 de febrero de 2001, el ex presidente del Banco Nación, Aldo Dadone, quedó detenido como presunto jefe de una asociación ilícita que habría actuado en ese escándalo. Las primeras revelaciones sobre el escándalo de la venta de armas datan de 1995.
La causa llevó este miércoles al procesamiento con prisión preventiva de Menem, considerado "jefe de una asociación ilítica" que permitió la venta ilegal de unas 6.500 toneladas de armamento a Croacia y a Ecuador, cuya exportación se había autorizado a través de decretos gubernamentales con destinos falsos (a Panamá y Venezuela, respectivamente).
El 15 de mayo de 1996 fue procesado Jorge Domínguez, entonces alcalde de la ciudad de Buenos Aires y luego ministro de Defensa de Menem, por la venta supuestamente irregular de un inmueble y el alquiler de otro.
Después de la salida de Menem del Gobierno, el 10 de diciembre de 1999, se sucedieron causas y denuncias contra ex funcionarios suyos. La ex secretaria de Medio Ambiente y ex interventora de ENTEL, María Julia Alsogaray, fue acusada en agosto de 2000 por enriquecimiento ilícito. En junio de 2001 prestó declaración ante el juez Urso, en una causa que investiga presuntas maniobras de "malversación de caudales públicos y administración fraudulenta" en el proceso de privatización de la compañía telefónica en 1989-90.
El 12 de febrero 2001, la justicia argentina procesó al ex presidente del PAMI (salud de jubilados y pensionados) y ex secretario de la Tercera Edad durante el gobierno de Menem, Víctor Alderete, como presunto jefe de una asociación ilícita.
Alderete fue el primer funcionario de Menem detenido y la causa judicial fue abierta a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción por supuestas irregularidades en diversos contratos celebrados por el PAMI, entre 1997 y 1999, por un monto aproximado a los 200 millones de dólars.
El PAMI es la prestadora social más grande de América Latina, con unos cuatro millones de afiliados y un presupuesto anual cercano a los 3.000 millones de dólares.
