BUENOS AIRES.- La defensa del ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) apeló este martes la resolución del juez Jorge Urso de procesarlo y dictarle prisión preventiva en el caso de la venta ilegal de armas al extranjero, según adelantaron fuentes judiciales.
Los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi pidieron en su recurso que el magistrado eleve las actuaciones a la Sala II de la Cámara Federal que será la que confirme o revoque la decisión de Urso.
Menem está procesado con prisión preventiva desde el miércoles pasado -que cumple con arresto domiciliario por tener más de 70 años- por su presunta responsabilidad en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.
Oficialmente, las armas estaban destinadas a Panamá y Venezuela, países que no tuvieron conocimiento de la transacción y que nunca recibieron el material bélico. Esta semana, la defensa del ex presidente también tiene previsto apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA por la supuesta violación de "las garantías y los derechos" del procesado.
El escrito -de alrededor de 10 carillas- lleva las firmas de los abogados defensores Roger y Salvi, pero fue presentada en los Tribunalesor por los también letrados Martín Menem -hijo del senador Eduardo Menem, éste hermano de Carlos)- y Marcelo Ronchetti.
"Menem actuó como un verdadero gerente de los personajes que circularon en derredor de los ilícitos" en la venta de armas, señaló Urso en un extenso fallo de 600 carillas. También señaló que el ex jefe de Estado "naturalmente encabezaba, dirigía y controlaba las operaciones" de la venta de armas, y que dentro de la asociación ilícita "era quien encabezaba, dirigía y había asignado a cada uno de los imputados el lugar que ocupaba".
Urso sostuvo asimismo que "el acuerdo final de autorización (de la venta de armas) fue suscripto por Menem" y que, a través de "múltiples indicios reunidos" en la causa puede aseverarse que "lo hizo sabiendo perfectamente de qué se trataba".
En tanto, el magistrado rebatió la "cuestión política no judiciable" que había esgrimido la defensa de Menem al establecer que "si bien cada poder (del Estado) debe ser el primero en revisar su propia órbita para no incurrir en ilegalidades, la palabra final pertenece a la Justicia".
