SAN ANDRES LARRAINZAR, México.- Una proyecto de ley destinado cimentar los derechos de los indígenas en la Constitución de México está a punto de ser sancionado, mientras que los rebeldes zapatistas afirman que éste no contribuirá a la paz que tenía la intención de lograr.
Mientras grupos indígenas realizaban protestas frente al Congreso, los legisladores el estado occidental de Michoacán aprobaban la ley que los convertía en la 16ta asamblea estatal en respaldar la medida, garantizando su supervivencia como enmienda constitucional.
El jueves por la tarde, Nayarit fue el 17mo de los 31 estados mexicanos en aprobar la medida. Los legisladores de 10 estados han rechazado la ley, y otros cinco no la han debatido aún.
La medida aún debe ser ratificada por dos tercios en una votación del Congreso federal, que la aprobó en la primera vuelta de debate.
El Frente Zapatista de Liberación Nacional y sus seguidores han criticado acerbamente al proyecto de ley como una versión debilitada del acuerdo de los derechos indígenas y culturas que negociaron con el gobierno en 1996.
"No tenemos esperanza de que ley que apruebe el Congreso beneficie a las comunidades indígenas", comentó Lucas Hernández, alcalde de esta ciudad indígena, el viernes. "Es obvio que el gobierno de México no tiene interés en que haya paz en esta región".
El presidente Vicente Fox envió la versión inicial al Congreso como su primer acto oficial después de concluir el gobierno de 71 años del Partido Revolucionario Institucional, cuando asumió la presidencia el 1 de diciembre.
Pero los legisladores del Partido de Acción Nacional (PAN) en una alianza con ex partidarios del PRI en el Congreso, lograron insertar en abril una serie de enmiendas que, dijeron, eran necesarias para proteger los derechos de los estados que no se consideran indígenas y los de otros grupos.
Los zapatistas desean autonomía regional para las zonas indígenas en asuntos relacionados con el idioma, formas tradicionales de gobierno y cómo compartir los recursos naturales de sus tierras.
La versión del Congreso les da a las legislaturas estatales un control algo mayor sobre los gobiernos indígenas y reduce el alcance de una legislación previa en lo que respecta a las concesiones económicas a los grupos indígenas.
Andrés Díaz, un funcionario prozapatista, dijo que los seguidores de los rebeldes se iban a reunir en el extremo sur de México para tratar sobre las siguientes medidas que tomarán.
Juan Roque Flores, presidente de la Corte Suprema y es miembro de la Corte Suprema de Chiapas y ex miembro del comité federal de pacificación, dijo que el proyecto final de la ley es un insulto a aquellos que han trabajado por la paz.
"Esta medida no hace nada", añadió Flores.
Mauricio Sosa, vocero del Partido Democrático Revolucionario dijo el viernes que era muy posible que los legisladores de esta partido de izquierda se opongan a la ley sobre base constitucional en las próximas semanas.
Luis Alvarez, enviado de Fox, mostró cautela, al decir que esperaba que la ratificación de la ley pudiese contribuir a la reanudación de las conversaciones de paz, estancadas desde 1996.
"La región ingresará a un estado de mayor turbulencia porque la ley de derechos indígenas y culturas aprobada en abril por el congreso federal y ratificada el 16 por los congresos locales no es lo que esperaban", afirmó Amado Avendaño, un ex candidato zapatista por Chiapas. "No es lo que los zapatistas esperaban".
