CARACAS .- A más de dos semanas de la captura en Caracas e inmediata deportación del ex jefe de los servicios de inteligencia del Perú, Vladimiro Montesinos, el caso ha desatado una fuerte polémica en el país.
Algunos de los mencionados por los cuerpos policiales y el Congreso como presuntos miembros de la red que protegió a Montesinos en Venezuela rechazaron este martes las denuncias y amenazaron con posibles acciones judiciales contra sus acusadores.
La congresista oficialista, Cilia Flores, expresó este martes que la comisión parlamentaria que investiga el caso Montesinos propondrá que un grupo de diputados opositores -quienes crearon una comisión paralela sobre el caso - sean juzgados por "traición a la patria".
Los miembros del partido oficialista han fundamentado sus críticas contra los congresistas opositores señalando que ellos viajaron la semana pasada al Perú para desacreditar el nombre de Venezuela y del gobierno del Presidente Hugo Chávez.
El congresista socialcristiano César Pérez Vivas, denunció el lunes, junto con otros seis diputados opositores, que miembros del gabinete de Chávez habrían facilitado el ingreso al país de Montesinos en diciembre pasado.
El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, rechazó el lunes las denuncias de la oposición. También, los abogados Efraín Muñoz y Gonzalo García Mena rechazaron este martes haber mantenido una estrecha relación con Montesinos durante su paso por Venezuela.
"No sabemos de dónde vienen los tiros" manifestaron Muñoz y García Mena en un comunicado de prensa. "Estamos pisando un terreno político, el cual nos es desconocido", agregaron.
Los abogados reconocieron, en rueda de prensa, que habían financiado el traslado de Montesinos en un avión privado desde Costa Rica hasta la isla caribeña de Aruba a mediados de noviembre pasado, pero que el peruano aún les debe unos 60.000 dólares por concepto de gastos de asesoría y de traslado.
Muñoz explicó que su relación con Montesinos se inició en abril de 1995 a raíz de unas asesorías que pidió a las autoridades peruanas para establecer en Venezuela una empresa privada de seguridad con sistemas similares a los que utilizaba el gobierno de Alberto Fujimori. El abogado precisó que en septiembre del año pasado, en plena crisis del gobierno de Fujimori, Montesinos lo llamó desde Panamá para contratar sus servicios legales.
Dos mes después el ex jefe de inteligencia volvió a llamar a Muñoz desde la isla Isabela del archipiélago Los Galápagos, en Ecuador, para concretar el acuerdo de asesoría legal.
El 17 de noviembre del 2000 Muñoz y su socio García Mena viajaron a la población de Punta Arenas, en Costa Rica, para reunirse con Montesinos y definir su traslado a Aruba. Muñoz precisó que Montesinos les había pedido asesoría legal para constituir un equipo internacional de abogados que actuarían en Perú, Estados Unidos y Suiza para atender los juicios y tratar de recuperar los depósitos millonarios que mantenía en esos países.
Los abogados revelaron que en la isla caribeña le perdieron el rastro a Montesinos, luego que no lograron concretar el acuerdo de asesoría legal el pasado 6 de diciembre.
