LIMA.- Las autoridades peruanas pidieron explicaciones a Japón sobre el criterio que empleó para determinar que el ex presidente Alberto Fujimori tiene la ciudadanía nipona, lo cual se ha convertido en el principal obstáculo para lograr su extradición y ser juzgado por diverosos delitos que van desde corrupción hasta la violación a los derechos humanos.
El canciller peruano Diego García Sayán dijo este martes que entregó personalmente al embajador japonés en Perú, el viernes, una nota del Gobierno en el que expresa su preocupación por la actitud de Japón de reiterar que Fujimori es japonés.
"Así como hemos sido informados de la conclusión de las autoridades japonesas de que a juicio de ellos el señor Fujimori tiene nacionalidad japonesa, hemos solicitado -y ellos se han comprometido, el representante diplomático del Japón- que nos fundamenten cuál es el desarrollo del razonamiento que los lleva a tener esa conclusión", dijo el canciller García Sayán.
Este añadió que en la nota se señaló a las autoridades japonesas que en el pasado y en muchas oportunidades, durante el mandato de Fujimori, Japón lo recibió y reconoció como peruano.
La ciudadanía nipona que Japón le concedió a Fujimori lo protege de una eventual extradición, puesto que las leyes japonesas impiden la extradición de sus ciudadanos.
Fujimori vive en Japón desde noviembre, cuando abandonó Perú, en medio de una grave crisis política, y renunció a la presidencia desde Tokio. No obstante, el Congreso ignoró la renuncia y lo destituyó por incapacidad moral.
Actualmente, Fujimori es investigado en Perú por el Congreso y la Fiscalía en torno a su presunta responsabilidad en delitos de enriquecimiento ilícito, coautoría en violaciones a los derechos humanos y otros. Además, tiene un proceso abierto por abandono de cargo.
Sin embargo, García Sayán dijo que el delito de abandono de cargo, que se sanciona con dos años de prisión, no tiene suficiente peso, y que el poder judicial se viene abocando a la tarea de impulsar los otros procesos penales.
Mencionó como ejemplo la acusación de presunta coautoría de Fujimori en la matanza de Barrios Altos en 1991, cuando 15 personas fueron acribilladas por el grupo paramilitar Colina, lo que cae en el terreno de los delitos de lesa humanidad.
