HUNTSVILLE.- Un tribunal de apelaciones de Texas aplazó hoy la ejecución de un hombre que asesinó al padre de un juez cuando tenía 17 años, un caso que había provocado protestas nacionales e internacionales.
Napoleón Beazley, de 25 años, debía recibir una inyección letal esta noche en el penal de Huntsville, para convertirse en el ejecutado número 251 de Texas desde que se reimplantó la pena de muerte en EE.UU.
El tribunal argumentó el aplazamiento debido a que deseaba escuchar los alegatos de los abogados de Beazley, quienes pusieron en duda la legalidad de ejecutar a un hombre que era menor de edad cuando cometió el crimen.
"Se otorga al solicitante un aplazamiento de su ejecución a la espera de nuevas órdenes de este tribunal", manifestó la corte de apelaciones en un comunicado.
Los abogados de Beazley habían indicado que el profesional que asumió su defensa durante el juicio no había hecho debidamente hincapié en su minoría de edad.
Agregó que, además, algunos testigos habían retirado los testimonios que influyeron en su condena a muerte.
La condena por el primer tribunal había sido criticada por diversos medios, que consideraban una crueldad ejecutar a alguien que no tenía discernimiento sobre la gravedad de su delito y que hasta cometerlo había sido un personaje ejemplar de su escuela secundaria.
Beazley había sido declarado culpable de asesinar en 1994 a John Luttig, un destacado hombre de negocios de Texas y padre de un juez del estado de Virginia.
Según los fiscales, Beazley mató de un balazo en la cara a Luttig después de sacarlo a la fuerza de su automóvil para robárselo.
Además de confesar que había sido el autor del disparo que acabó con la vida de Luttig en 1994, Beazley había sido acusado por los fiscales de ser un narcotraficante.
La ejecución había sido confirmada ayer, martes, por el Tribunal Supremo de EE.UU. en una decisión en la que tres de los nueve jueces se abstuvieron de votar porque tenían vínculos con el hijo de la víctima.
Si no se hubiera emitido el aplazamiento, Beazley se habría convertido en el convicto número 19 en EE.UU. ejecutado por cometer un asesinato antes de llegar a la mayoría de edad.
Los detractores de la pena de muerte en Estados Unidos y Europa habían pedido a las autoridades judiciales de Texas que suspendieran la ejecución de Beazley.
Afirmaban que en la condena había influido el hecho de que la víctima fuera el padre de un destacado juez.
"En Texas, nos enfrentamos a la situación de que quienes tienen menos de 18 años son demasiado jóvenes para consumir bebidas alcohólicas, votar o ser miembros de un jurado. Pero sí se les considera lo suficientemente maduros como para ser ejecutados", dijo Curt Goering, director ejecutivo de Amnistía Internacional EE.UU.
En un comunicado conjunto, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Lord Russell-Johnston, y el secretario general de la organización, Walter Schwimmer, afirmaron que el caso "está empañado por graves irregularidades judiciales".
La pasada semana, Russell-Johnston recriminó a EE.UU. que "un país que pone en práctica la pena capital a ese ritmo y con tal fervor, que mata a gente, incluidos adolescentes y retrasados mentales, después de procesos (judiciales) ensombrecidos por prejuicios sociales y raciales, no puede pretender mostrar al mundo el camino a seguir en materia de justicia y de derechos humanos".
Más de 720 asesinos en primer grado han sido ejecutados en Estados Unidos desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976.
De esas ejecuciones casi la mitad fueron llevadas a cabo en Texas, donde el gobernador Perry -último recurso de salvación que tenía Beazley- no ha emitido ningún aplazamiento desde que asumió el cargo del actual Presidente de EE.UU., George W. Bush.
