QUITO.- El Presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, remitió este martes al Congreso un paquete de reformas constitucionales con el que intenta remozar el sistema político del país y apuntalar al nuevo gobierno que entrará en funciones en enero del 2003.
El documento, de 27 artículos y cinco disposiciones transitorias, es calificado por el Gobierno como la solución definitiva a las recurrentes pugnas entre las diferentes funciones del estado.
"Este proyecto, primordialmente persigue modernizar nuestro sistema político, fortalecer las diferentes funciones del estado y despolitizar a varias instituciones fundamentales", explicó Noboa en una carta remitida a las fuerzas políticas del Congreso.
El eje de la propuesta de Noboa es dotar de mayores poderes al Ejecutivo, en un esfuerzo para facilitar la administración del país, que en los últimos cinco años ha corrido a cargo de un número similar de mandatarios, producto de la inestabilidad económica y política.
Noboa -un mandantario sin partido político ni un bloque afín de diputados en el Congreso- busca introducir en la legislación ecuatoriana la posibilidad de que el Presidente de la República tenga la opción de disolver el Parlamento una sola vez durante su mandato.
Noboa, quien asumió la presidencia de Ecuador en enero del 2000 tras un levantamiento indígena que derrocó al gobierno de su predecesor Jamil Mahuad, ha lidiado constantemente con la férrea oposición del parlamento, que ha bloqueado proyectos legales o económicos considerados como trascendentales para su gobierno.
La iniciativa contempla además que la función legislativa esté formada por una cámara de diputados y otra de senadores para darle más agilidad al tratamiento de los proyectos de ley.
Conforme el texto de las reformas, la cámara de diputados sería integrada por 81 miembros y la de senadores por 20. Actualmente, existe un Congreso unicameral de 123 miembros.
Ambas cámaras, que serían presididas por el vicepresidente de la república, se elegirían a través de distritos electorales que aglutinarían a 160.000 habitantes y entrarían a operar a partir de las elecciones generales de octubre del 2002.
El sufragio sería opcional, pero se permitiría a que los ecuatorianos residentes en el exterior participen en los comicios.
El gobierno visualiza la necesidad de que la designación de los parlamentarios sea en la segunda vuelta electoral, elección que se realiza entre los dos candidatos presidenciales con el mayor número de votos en la denominada primera vuelta. De esta manera, el electorado podría facilitar la formación de mayorías.
En el campo judicial, las reformas apuntan a fusionar el Tribunal Constitucional -máxima entidad jurídica del país- con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el argumento de que facilitará el estudio de los casos constitucionales sin la intromisión de los partidos políticos.
Los magistrados de la CSJ se reducirían de 31 a 15 mientras que el Tribunal Supremo Electoral, organismo rector de los comicios, se transformaría en una corte con miembros independientes.
