BILBAO.- Seis personas fueron detenidas en el País Vasco (región del norte de España) por su relación con una red ilegal de adopciones que se dedicaba a traer niños desde Bolivia para familias españolas, informaron hoy fuentes oficiales.
El caso se destapó a principios del pasado mes de agosto cuando una ciudadana boliviana acudió a una comisaria de policía para pedir que se le permitiera prolongar su permiso de estancia en España.
La mujer explicó que un mes antes había llegado embarazada de gemelos a la ciudad vasca de Bilbao, donde había dado a luz y había entregado a los recién nacidos a un matrimonio español.
A raíz de su relato, se abrió una investigación y se descubrieron más casos en el marco de una red ilegal de adopción dedicada a traer a España niños bolivianos recién nacidos o de corta edad.
A la cabeza de la red figuran dos hombres -un boliviano y un español- que se encuentran actualmente en paradero desconocido y cuyas identidades no fueron facilitadas por las autoridades.
Aunque la investigación no está cerrada, se cree que esta organización actuaba por encargo de parejas que querían hacerse con niños para su integración en la familia.
Una de las detenidas, una mujer de 53 años, era la encargada de tramitar los encargos entre España y Bolivia, donde la red buscaba a mujeres embarazadas o niños de corta edad y realizaba su traslado con la ayuda de un "correo" que formalizaba la entrega.
Cuando el niño llegaba al País Vasco, sus padres adoptivos ya habían realizado varios desembolsos de dinero que podían alcanzar los tres millones de pesetas (unos 16.400 dólares).
Menos en el caso de los gemelos, en el que la madre biológica viajó a España para dar a luz a sus hijos, se sospecha los niños viajaban desde Bolivia acompañados de madres "correo".
Dos de estas "correos", identificadas como Y.B.G, de 25 años, y N.G.E., de 19, fueron detenidas esta semana en la localidad vasca de Bermeo acusadas de traer sendas parejas de niño y niña.
La policía, que imputó un delito contra las relaciones familiares a los matrimonios receptores, practicó cinco registros domiciliarios e intervino numerosa documentación.
El responsable de la política de Acción Social en la provincia de Vizcaya, Ricardo Ansotegi, informó de que se mantiene en contacto con la Fiscalía de Menores a la espera de que el juez que instruye el caso adopte las medidas pertinentes en relación con los menores.
Por el momento, están bajo la tutela de un centro de acogida del departamento que dirige Ansotegi, quien en declaraciones a la prensa dijo que lo conocido puede ser la "punta del iceberg".
El responsable político se mostró convencido de que la red puede haber actuado en otras regiones de España y otros países de Europa.
"Esto va a pasar de ser una información local a llegar a muchos países", afirmó Ansotegi, que pidió una contundente condena social a este tipo de actuaciones y subrayó que "quien justifique esto quizás acabe justificando también la compra de órganos de menores".
La adopción "es un derecho del menor, no de la pareja", subrayó Ansotegi al señalar los problemas que genera en el menor su entrega ilegal y lamentar que se juegue "con la miseria de otros países".
"Hablamos de un menor que ha estado con su madre biológica, que está ahora en manos de un intermediario, que pasa a convivir con una pareja de manera irregular y que acabará tutelado para, a su vez, iniciar un nuevo proceso de adopción", dijo.
