BRUSELAS.- La Comisión Europea adoptó hoy el primer proyecto legal común de lucha contra el terrorismo internacional en la UE, que incluye la creación de una orden europea de busca y captura destinada a reemplazar los procedimientos tradicionales de extradición y un abanico de sanciones para los terroristas.
El paquete de medidas de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado fraguado por el Ejecutivo de Bruselas comprende una lista detallada de sanciones penales para los autores de actos terroristas y una definición común de acto terrorista en la UE.
La propuesta comunitaria para la instauración de una orden europea de busca y captura pretende sustituir los procedimientos tradicionales de extradición por un sistema de entrega entre las autoridades judiciales de los diferentes países de la Unión.
La iniciativa reposa en el principio del reconocimiento mutuo de decisiones judiciales y se convierte en la "piedra angular" de la cooperación judicial entre los Quince, como pidieron los líderes de la Unión en Tampere (octubre de 1999), según explicó el portavoz del comisario europeo de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.
La propuesta de la Comisión establece la entrega en un plazo máximo de 90 días (incluidos los eventuales recursos) y el reconocimiento inmediato en toda la UE de la demanda de entrega dictada por jueces "ad hoc" de un país de la Unión.
El juez del país solicitado dispondrá de 30 días para verificar si el magistrado del estado demandante ha tramitado la orden en conformidad con las definiciones comunes y si se justifica ese mandato.
La euro-orden será válida no sólo para los delitos de terrorismo, sino para la criminalidad transfronteriza en general.
Cuando la autoridad judicial de un estado pida la entrega de una persona cuyo delito es susceptible de ser sancionado con una pena superior a cuatro meses, tanto en virtud de una condena definitiva o porque el individuo es perseguido penalmente, su decisión debe ser reconocida y ejecutada en todo el territorio de la UE.
Las iniciativas adoptadas hoy por el colegio de comisarios europeos en materia de terrorismo y crimen organizado serán sometidas mañana, jueves, a los ministros de Justicia e Interior de la UE en un Consejo extraordinario consagrado excepcionalmente al terrorismo a raíz de los ataques contra EEUU.
Se trata de una especie de "libre circulación de sentencias en materia de terrorismo", dijo el portavoz de Vitorino.
En las medidas adoptadas hoy "se habla por primera vez de una verdadera cooperación penal en la UE, con el reconocimiento mutuo y automático de decisiones entre las autoridades judiciales de los estados miembros".
Sin embargo, puntualizó, "no se toca la soberanía nacional de los estados miembros, ya que no se está creando un FBI (policía federal estadounidense) europeo".
"Sobre la base de una confianza recíproca entre las instituciones judiciales se da una definición común y se crean los instrumentos para hacer más eficaz y rápida la respuesta de las autoridades policiales y judiciales a la lucha contra el terrorismo", precisó.
A juicio del portavoz comunitario, la puesta en marcha de estas medidas no requerirán cambios constitucionales en los Quince.
Para ser aprobadas, estas propuestas precisan del apoyo unánime del Consejo de la UE y su incorporación a las legislaciones nacionales.
El proyecto para la creación de una orden de busca y captura propone que los casos de rechazo de su ejecución están limitados y enumerados para simplificar y acelerar al máximo el procedimiento.
Suprime la doble incriminación, pero los estados pueden establecer una lista de supuestos en los que se negarían a ejecutar el mandato europeo de detención.
Además, se elimina la posibilidad de rechazar la entrega de sus nacionales.
Según la interpretación hecha por un portavoz comunitario, un presunto terrorista español apresado en Francia sería entregado a España en el plazo máximo de 90 días si el juez español ha sido el primero en abrir la investigación judicial contra el detenido.
La Comisión Europea propone definir terrorismo en la UE como un delito cometido intencionadamente "por un individuo o un grupo contra uno o varios estados miembros, sus instituciones o población, para intimidarlos, y con el objetivo de alterar o destruir seriamente sus estructuras políticas, económicas o sociales".
Hasta ahora sólo seis países de la UE (España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y el Reino Unido) disponen de normas específicas contra el terrorismo en sus respectivos códigos penales.
El proyecto sobre lucha contra el terrorismo fija unas sanciones penales mínimas armonizadas para la UE que serán aplicables a los autores de los atentados y propone una pena mínima de 20 años de cárcel para los culpables de atentados mortales terroristas.
Esta iniciativa prevé también circunstancias agravantes si los atentados son cometidos contra jefes de Estado y de Gobierno, ministros, miembros de los parlamentos nacionales, regionales o locales, jueces, funcionarios de instituciones penitenciarias o fuerzas policiales.
