BOGOTA.- El proceso de paz que el Gobierno colombiano lleva a cabo con la guerrilla marxista de la FARC quedó sumido en una encrucijada, debido a nuevas exigencias de los rebeldes que paralizaron las conversaciones y una dura reacción del Ejecutivo sin antecedentes en los 33 meses de tratativas.
Luego de la crisis que sufrió el proceso a finales de septiembre pasado por el asesinato de la ex ministra de Cultura Consuelo Aráujonoguera cuando estaba secuestrada por el grupo insurgente, las FARC sorprendieron el miércoles con nuevas exigencias que colocaron otra vez el proceso al borde de la ruptura.
El líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el septuagenario Manuel Marualanda ('Tirofijo'), ordenó a los delegados rebeldes en las negociaciones abstenerse de reunirse con el Gobierno hasta que éste suspenda los controles militares alrededor de la zona que ocupan al sur del país.
Además, en una carta abierta que Marulanda envió al Presidente de la República, Andrés Pastrana, "exigió" el levantamiento de esos controles, responsabilizó a la clase política de la "crisis" en la que se encuentra el proceso y advirtió que éste "puede terminar de un momento a otro".
A las advertencias de Marulanda se sumó una declaración escrita hecha pública por los cinco negociadores de las FARC, en la que esencialmente rechazan que el Gobierno ponga plazos a la búsqueda de la paz "con justicia social", en la que aseguran están comprometidos.
El pronunciamiento de los negociadores rebeldes se constituyó en el primero que las FARC hacen públicamente aludiendo a la decisión adoptada por Pastrana el 7 de octubre de prorrogar hasta el 20 de enero de 2002 la vigencia de la zona desmilitarizada de 42.000 km2 que en el sur del país ocupan los rebeldes.
Ese territorio, del cual el Mandatario retiró a los policías y militares desde noviembre de 1998 para posibilitar las tratativas, se ha constituido sistemáticamente en el principal foco de tensión del proceso, por las denuncias de que los insurgentes lo aprovechan para fortalecerse militar y financieramente.
Pastrana prorrogó la vigencia de la zona desmilitarizada después que las FARC se comprometieron a iniciar de inmediato el estudio de una tregua y la suspensión de los secuestros colectivos de civiles en las carreras del país.
Pese a los 33 meses de diálogo, las FARC -la guerrilla más antigua de América Latina y militarmente poderosa de Colombia, con 16.500 combatientes-, se ha negado a pactar un cese del fuego argumentando la amenaza que para ella representa la acción de los grupos paramilitares de extrema derecha.
Ante las nuevas exigencias del grupo rebelde, el Gobierno reaccionó con una inédita respuesta de firmeza. El Mandatario conservador se reafirmó en su posición de que el nuevo plazo de cien días dado a la vigencia de la zona es suficiente para alcanzar compromisos básicos para reducir la intensidad del conflicto interno armado del país, y proseguir el diálogo en un ambiente distensionado.
Pero la más dura reacción gubernamental fue la expresada por el alto comisionado para la paz del Ejecutivo, Camilo Gómez, quien leyó a la prensa una declaración en la que acusó a las FARC de no querer asumir compromisos y dilatar el proceso, señalando que el grupo guerrillero "le tiene miedo a la paz".
Gómez, quien encabeza el equipo que negocia con las FARC, lanzó una andanada contra los rebeldes sindicándolos de querer confundir a la opinión pública, dividir a la Nación, y les advirtió que el Gobierno no va a pactar la paz que ellos pretenden imponer.
El funcionario además anunció que las medidas de control militar alrededor y sobre la zona ocupada por las FARC se mantendrán, descartando de plano una exigencia en este sentido de Marulanda.
Los tres principales candidatos a las elecciones presidenciales de mayo próximo respaldaron la posición asumida por el Mandatario, quien el 7 de agosto de 2002 concluye su Gobierno de cuatro años.
El opositor Liberal, Horacio Serpa, demandó a las FARC "asumir compromisos claros", y las alertó sobre el cansancio de la opinión pública en vista de la falta de resultados del proceso.
Por su parte, el candidato liberal independiente Alvaro Uribe le pidió a Pastrana que en esta ocasión "se ponga del lado de los colombianos de bien y no de los violentos", en tanto que la también candidata independiente de origen conservador, Noemí Sanín, declaró que "no podemos vivir al ritmo de las FARC y del condicionamiento que ellos quieran hacer a los temas más urgentes".
