BOGOTA.- El gobierno busca mantener las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que entraron en crisis cuando los rebeldes afirmaron que no hay condiciones de seguridad para sus delegados a raíz del anuncio gubernamental de realizar controles en la frontera de la zona desmilitarizada.
Sin embargo, en un inusual pronunciamiento, el ministro de defensa Gustavo Bell, afirmó el viernes que la decisión de la continuación de las negociaciones esta en manos de la guerrilla.
El rompimiento es una "posibilidad", contestó Bell a periodistas.
El ministro del Interior Armando Estrada manifestó que se busca "mantener la mesa de negociación y explicarle a la guerrilla la posición del gobierno de mantener un cerco de vigilancia sobre la zona de distensión".
El gobierno afirmó que se realizará vigilancia aérea de la zona de distensión de 42.000 kilómetros cuadrados concedida a las FARC como escenario de las negociaciones, por encima de los 10.000 pies, pero no se interferirá el accionar de la guerrilla en la región.
"Claro está que partiendo de la base de que la zona es para los diálogos y a la búsqueda de la paz", dijo Estrada a radio Caracol.
El jefe de las FARC, Manuel Marulanda, dijo que no están dispuestos a movilizarse "para asistir a las reuniones de la mesa corriendo riesgos".
Denunció que los patrullajes aéreos, terrestres y fluviales sobre la zona ponen en peligro a sus delegados y al proceso de paz.
Estrada insistió en que "la zona de distensión tiene que estar vigilada y controlada por el ejército colombiano. Si las FARC llegaren a negarse a acudir a la mesa de negociaciones, el gobierno tendrá que tener una posición al respecto".
El presidente Andrés Pastrana explicó que los controles sobre el anillo que rodea la zona de distensión han existido desde su creación el 7 de noviembre de 1998, pero fueron intensificados en las últimas semanas para impedir el ingreso de personas no autorizadas.
En agosto fueron detenidos por fiscalía tres miembros del Ejército Republicano Irlandés, bajo acusaciones de entrenar a la guerrilla en la zona desmilitarizada en el manejo de explosivos.
Diversos organismos han denunciado que en esa área hay personas secuestradas, cuya liberación se negocia allí, un activo comercio de vehículos robados, se preparan ataques a poblaciones y se han construido 30 pistas clandestinas para el transporte de cocaína.
El nuevo escollo para proseguir las negociaciones surge en el momento en que el gobierno y las FARC debían iniciar el estudio de una tregua, inicialmente de seis meses, para permitir que se adelante el examen la agenda acordada de 101 puntos, en un ambiente de sosiego para llegar a acuerdos definitivos.
"Siempre que estamos al borde de iniciar las negociaciones concretas, las FARC buscan una disculpa", dijo el Comisionado de Paz el jueves a los periodistas. Agregó que "las FARC le tienen miedo a la paz".
