BOGOTA.- El proceso de paz colombiano quedó hoy pendiendo de un hilo, luego de que el gobierno del Presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC radicalizaran sus posiciones y acentuaran el clima de desconfianza que impera entre las partes.
En un extenso comunicado difundido la tarde del sábado, el grupo rebelde planteó nuevas críticas y exigencias para continuar el diálogo de paz, provocando el rechazo del ejecutivo, que acusó a los rebeldes de apelar a "argumentos poco serios" para dilatar las negociaciones, iniciadas en enero de 1999.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) supeditaron la firma de un cese al fuego y de hostilidades a que el mandatario intensifique la lucha contra los paramilitares de ultraderecha, retire las tropas de los lugares aledaños a la zona de despeje y levante las órdenes de captura contra sus líderes.
El grupo marxista reiteró que los controles de seguridad existentes en la periferia del territorio desmilitarizado suponen un riesgo para la vida de sus voceros y advirtió sobre la posibilidad de un eventual ingreso de las Fuerzas Armadas a esa área, sede del proceso de paz.
Según los rebeldes, los militares destacados en las afueras de la región despejada del sur del país se aliaron con los paramilitares para llevar a cabo acciones contra su organización y los habitantes de la zona.
Las FARC - la principal guerrrilla del país con unos 16.000 efectivos- consideran que esos hechos representan una constante amenaza para el futuro de los diálogos, por lo que proponen al gobierno retirar las bases militares próximas a la zona de despeje, y redoblar la lucha contra los escuadrones de ultraderecha.
"El plazo de tres meses para que el gobierno con el paramilitarismo como política de Estado es muy corto, cumplido ese objetivo se hablará de cese de fuegos y hostilidades, tal como es el deseo de los colombianos. Mientras las matanzas continúen no es posible un cese de fuegos", señalan en su nota los alzados en armas.
Asimismo, aseguran que "si el gobierno está dispuesto a suspender los sobrevuelos de naves de guerra y a prorrogar la (vigencia legal) de la zona desmilitarizada hasta el final de su mandato", ello permitiría avanzar en las conversaciones.
El Presidente Pastrana amplió hasta el próximo 20 de enero el decreto mediante el cual dio vida a la zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cudrados y entregó su control a los guerrilleros. El gobernante concluye el próximo 7 de agosto su administración de cuatro años.
Las FARC también solicitan al ejecutivo levantar las órdenes de captura que existen contra sus líderes y le exigen pronunciarse "pública y claramente" sobre el calificativo de terroristas que les otorgó el gobierno de Estados Unidos, al advertir que ello podría servir de pretexto para otro país lance un ataque contrainsurgente.
El comunicado rebelde causó malestar entre el gobierno, que dijo que las "propuestas allí contenidas" son insustanciales y buscan más convertirse en una disculpa para no acatar los recientes acuerdos alcanzados entre las partes.
"No deja de ser extraña y poca real la posición de las FARC al respecto manifestada en diferentes documentos, incluido uno dado a conocer en el día de hoy (sábado). Más bien pareciera otro argumento más para dilatar las negociaciones", afirmó a última hora del sábado el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez.
El consejero presidencial notificó a las FARC que no se suspenderán los controles perífericos en la zona desmilitarizada y "se mantendrán mientras ese grupo continúe con el secuestro, la extorsión, los ataques a la población civil y la demás acciones violentas que adelantan".
Gómez también encontró "poco seria" la exigencia de las FARC de levantar las órdenes de arresto contra sus líderes y reafirmó el compromiso del gobierno en la lucha contra los paramilitares, aunque reiteró que ello es el resultado de "nuestra propia convicción y no porque las FARC lo solicite".
El comisionado para la paz llamó a los rebeldes a iniciar la discusión de los temas consignados en el convenio de San Francisco, mediante el cual las partes se comprometieron el pasado 5 de octubre a abocar el estudio inmediato de una propuesta de tregua, así como a revitalizar el esquema de pacificación.
Las tensiones entre las FARC y el gobierno de Pastrana surgieron el pasado miércoles, cuando el máximo líder de ese grupo, "Manuel Marulanda Vélez", dirigió una carta al mandatario, en la que advierte que el proceso de paz entró en crisis a raíz de los controles de seguridad existentes a las afueras de la zona desmilitarizada.
El gobierno rechazó los términos de la misiva y acusó a los guerrilleros de "tenerle miedo a la paz" y dilatar con ello la firma de los acuerdos sustanciales.
