BOGOTA.- El gobierno del Presidente Andrés Pastrana continuará con el proceso de paz que mantiene con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a pesar del interés manifiesto de Washington en extraditar a los miembros de ese grupo que estarían involucrados en narcotráfico.
El ministro del Interior, Armando Estrada, dijo que el gobierno de los Estados Unidos "tiene todo su derecho a solicitar a quienes crea han delinquido" en ese país y Colombia seguirá adelante con el proceso de paz "si las FARC así lo desean".
"Estamos preparados para la negociación, pero también para suspensión de las negociaciones", dijo a la cadena radial "Caracol". Pero, el septuagenario jefe de las FARC, Manuel Marulanda, en una carta abierta a Pastrana, reiteró la noche del viernes que si el proceso de paz se frustra por las nuevas imposiciones contra la zona de despeje, "será responsabilidad exclusiva del gobierno y del estado".
Marulanda aseguró que el Gobierno aún no responde las preguntas de las FARC relacionadas con la lucha contra el paramilitarismo, la suspensión definitiva de sobrevuelos en la zona de distensión y de las ordenes de captura contra dirigentes de esa insurgencia y, una declaración "acerca del calificativo de organización terrorista que los Estados Unidos le han dado a las FARC-EP".
El Presidente Pastrana, sin embargo, en el transcurso de la semana, afirmó que no suspenderá las medidas de sobrevuelo y control sobre la zona en poder de los insurgentes, mientras que el ejército ha desatado una ofensiva contra los grupos paramilitares.
El viernes, el gobierno dijo que los grupos alzados en armas deben definir si quieren ser tratados como terroristas, narcotraficantes o políticos.
Raúl Reyes, vocero de las FARC en la mesa de negociaciones, dijo desde Los Pozos, un caserío al sur del país, que no era la primera vez que Estados Unidos intervenía en los asuntos internos de Colombia, ni tampoco que un embajador de ese país se "aparte de su responsabilidad como diplomático", al referirse a las declaraciones de la embajadora Anne Patterson.
La representante de Washington en Colombia anunció hace dos días el deseo de su país de juzgar en sus propios tribunales a los miembros de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional y de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia envueltos en tráfico de drogas.
Estrada aclaró que existe un convenio de extradición entre los dos países que debe ser cumplido por las partes, pero recordó que las FARC tienen un status político que les fue otorgado en virtud del proceso de paz que se desarrolla hace tres años.
Sin embargo, Estrada reconoció que de hacerse efectivas las solicitudes de extradición contra algunos de los negociadores de la principal guerrilla del país se podrían "crear dificultades" para realizar los diálogos.
Reiteró los llamados del gobierno a las FARC para que "vuelvan a la mesa de negociación" y así "los colombianos busquemos mediante la salida política la solución de nuestro problema de violencia".
Desde la semana pasada el proceso de paz se encuentra en un momento crítico, ya que los rebeldes dejaron en pausa los diálogos hasta que el gobierno levante los controles militares impuestos en torno a la zona de distensión bajo su poder.
El ministro recordó que el gobierno británico negoció exitosamente con el Ejército Republicano Irlandés y los israelíes están dialogando con la Organización para la Liberación de Palestina, entidades que también fueron catalogadas alguna vez como terroristas.
"Creemos que mejor que irnos a la guerra es la negociación", afirmó.