BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino apura la puesta en marcha de un plan general para cercar a quienes evaden impuestos, con el afán de combatir un problema que conspira contra la política oficial de "déficit cero" ideada para las cuentas públicas.
El administrador federal de Ingresos Públicos, Armando Caro Figueroa, advirtió hoy en una conferencia de prensa que el Estado será "implacable" en esta lucha para generar "temor" entre quienes eluden el pago de impuestos y lograr un aumento de la recaudación fiscal.
Con la mirada puesta en ese objetivo, se pondrá en marcha una profunda reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que gozará de una mayor autonomía, además de una serie de disposiciones para impedir el contrabando, combatir la economía informal y simplificar los trámites impositivos.
Caro Figueroa confirmó que habrá una moratoria para los deudores de impuestos a diez años de plazo (la deuda calculada es de 1.000 millones de dólares) y otra a 36 meses para quienes no hayan completado los aportes al sistema de seguridad social.
También se buscará estimular a la población para el uso de productos bancarios para las compras de consumo, con la devolución de una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplica en este tipo de operaciones, aunque el beneficio será solamente para quienes utilicen dinero electrónico.
El funcionario añadió que se creará un "ente público no estatal" que se encargará de reunir entre las empresas los aportes por la seguridad social, para luego hacer las deducciones correspondientes y depositar los importes brutos de los salarios en los bancos.
En cuanto al contrabando, Caro Figueroa dijo que se utilizará tecnología moderna para seguir los embarques mediante sistemas por satélite y funcionarán en los puestos de la Aduana equipos que permitirán a los inspectores "ver dentro" de los contenedores sin la necesidad de abrirlos.
La AFIP también "ampliará de 1.200 a 2.000 la cantidad de grandes contribuyentes bajo control, mejorará el proceso de determinación de facturas apócrifas y los sistemas de control del trabajo independiente, a la vez que reforzará los cuerpos de abogados para acelerar las cobranzas", añadió.
El Gobierno argentino se propuso consolidar su plan de "déficit cero" en las cuentas públicas después de haber dado en junio pasado por "agotadas" las posibilidades de crédito para el país.
En sintonía con esta disposición, el Gobierno ordenó reducciones del 13 por ciento en los salario de los agentes públicos y las jubilaciones, a la vez que busca un acuerdo con los gobernadores de las provincias para reducir el monto de dinero que les transfiere por la distribución de los fondos federales.
Otro capítulos de este programa tiene relación con un plan de saneamiento ideado para las empresas en crisis que son deudoras del Estado, las que podrán cancelar sus compromisos con la entrega de acciones que irán a un fideicomiso administrado por la banca estatal.
Este programa fue anunciado en líneas generales pero los detalles para su puesta en marcha aún en estudio, aunque Caro Figueroa dijo que esas acciones pueden ser recuperadas por las empresas en dos años, a una tasa de interés del 12 por ciento.
En su camino hacia la autarquía, la AFIP consiguió que su presupuesto sea ajustado de acuerdo al total de la recaudación que logre, de acuerdo con un programa por niveles de producción que también puede dar mejores ganancias a los empleados de esa oficina estatal.
A partir de 2003, el director de la AFIP será designado por un plazo de cuatro años.
