MADRID.- Desde hacía décadas, en España no se veía nada igual. En las pasadas semanas, cientos de miles de jóvenes se han lanzado a las calles en todo el país para protestar contra la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU), en lo que ya se considera la mayor protesta estudiantil desde el retorno del país a la democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco, hace 26 años.
Mañana, con la “Marcha sobre Madrid”, una manifestación que se presume multitudinaria, las movilizaciones, cuyo objetivo es la retirada de la polémica reforma, alcanzarán su punto culminante.
La LOU fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de octubre gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP, de gobierno) y el apoyo de los nacionalistas catalanes y de las Islas Canarias. Desde entonces, las protestas y huelgas generales, apoyadas por rectores, profesores, sindicatos y los partidos de la izquierda, no han cesado.
A grosso modo, la compleja ley impone el sufragio universal ponderado -los votos de los funcionarios docentes doctores siempre deben tener al menos un peso del 51 por ciento- para la elección de los rectores, elimina el odiado examen de selectividad -para introducir pruebas que determine cada universidad- y amplía las fórmulas de contratación de los docentes.
Asimismo, establece un examen de habilitación nacional para los profesores, crea una agencia encargada de evaluar las universidades y modifica los órganos de decisión y control de los centros. “La ley pretende mejorar la calidad del sistema universitario”, sostiene la ministra de Educación, Pilar del Castillo, convertida en algo así como la “enemiga pública número uno” de los estudiantes.
En principio, la reforma no suena mal, sobre todo cuando en sí todos coinciden en que algo tiene que cambiar. Pero los que rechazan la nueva ley afirman que, de hecho, lo que se está impulsando es la privatización de la universidad, coartando la autonomía de los centros y quebrando el principio de igualdad al dificultar el acceso a las casas de estudios de jóvenes de pocos recursos.
En resumen, piensan que el objetivo es imponer una universidad elitista, regida por los intereses de poderosas empresas patrocinantes y no por el espíritu académico. Pero lo que más ha caldeado los ánimos de los manifestantes es que la ley, a su juicio, fue aprobada sin contar con el consenso de los sectores para los que está pensada.
“La ley nace muerta desde el momento en que no se consulta con nadie, ni con alumnos, ni con profesores ni tampoco con el personal laboral, y mucho menos con los rectores”, decía un estudiante de ciencias políticas de la Universidad de Granada.
Del Castillo rechaza estas acusaciones y afirma que nunca antes los sectores implicados han tenido tanto poder de participación. En sus palabras, lo que ocurre es que la mayoría de los críticos en realidad no han leído el texto de la reforma y que los manifestantes, jaleados por parte de la prensa y las fuerzas de izquierda, protestan por afán de protestar. “Hay quienes protestan por defender sus privilegios”, dice.
Sea como fuere, la reforma legal ha despertado entre los casi 1,5 millones de estudiantes de las 50 universidades públicas y 19 privadas y de la Iglesia un movimiento de protesta que estaba más que aletargado.
De hecho, ésta es sólo la tercera vez en treinta años que la Universidad casi en pleno se echa a la calle. La primera, estando Franco ya moribundo, fue en favor de la democracia. Los de aquella generación recuerdan aún la persecusión por parte de los “grises”, los uniformados del régimen.
La segunda fue a mediados de los ochenta, cuando estaba en el poder el Partido Socialista (PSOE), hoy en la oposición, de Felipe González, para reivindicar una universidad pública, lo que condujo a la -hoy también muy criticada- Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983.
Si bien hoy en día no se escuchan consignas como “El hijo del obrero, a la universidad”, algunas frases, como “El gobierno ha metido los tanques en la universidad”, sí que recuerdan el espíritu combativo de entonces.
Lo que preocupa a las autoridades es que las movilizaciones se nutren en parte de los grupos antiglobalización, en los que militan sectores que defienden la violencia. De hecho, y así lo reconocen los propios estudiantes, las campañas antiglobalización han servido para articular las actuales protestas. No en vano, el lema “otra universidad es posible” está inspirado en aquel que reza “otro mundo es posible”.
