WASHINGTON.- Estados Unidos considera al joven estadounidense reconvertido en talibán John Walker Lindh como un prisionero militar y, por tanto, no tiene el derecho constitucional de contar con un abogado defensor, informó hoy la Casa Blanca.
Sin embargo, el abogado de la familia del prisionero, James Brosnahan, insistió en San Francisco (California) en que Walker tiene todos los derechos estipulados en la Constitución, entre ellos hacer sus declaraciones ante un jurista.
El prisionero de guerra fue detenido en los primeros días de diciembre durante una revuelta de talibanes en un penal de la norteña ciudad afgana de Mazar-i-Sharif, en la que fallecieron centenares de reclusos al ser bombardeadas esas instalaciones por cazabombarderos de Estados Unidos.
Walker, de 20 años, que según el Pentágono ha facilitado "alguna importante información" sobre la red terrorista Al Qaida, a la que pertenecía, se encuentra desde el viernes pasado a bordo del portaaviones "Peleliu" en aguas del mar Arábigo.
Este fue trasladado a ese buque de guerra desde el campamento Camp Rhino, de los "marines", cerca de la ciudad sureña de Kandahar.
"En la actualidad Walker es tratado de acuerdo con la Convención de Ginebra que protege a enemigos beligerantes y que son capturados como prisioneros de guerra", dijo hoy el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.
Agregó que mientras permanezca bajo custodia militar, y no sea interrogado por agentes policiales, carece del derecho constitucional de contar con un abogado defensor.
El portavoz hizo hincapié de que, bajo la Convención de Ginebra, las autoridades militares tienen la prerrogativa de interrogar a los prisioneros de guerra para propósitos de información sin la presencia de un letrado.
También dijo que el detenido ha recibido atención médica y la protección debida de parte de los militares norteamericanos "en las peligrosas condiciones de los campos de batalla" afganos.
De momento el Departamento de Justicia de EE.UU. no ha decidido sobre la forma de someter a juicio a Walker, aunque algunas fuentes que hablaron con la condición del anonimato dijeron que se baraja la posibilidad de someterlo a los tribunales militares anunciados por el presidente George W. Bush para los extranjeros sospechosos de terrorismo.
Al parecer, el problema sobre su juicio se ha planteado a causa de su nacionalidad puesto que los tribunales militares son exclusivamente para los extranjeros.
Los padres del recluso, Frank Lindh y Marilyn Walker, se han quejado hoy de que las autoridades estadounidenses todavía no les han respondido sus peticiones para poder ver a su hijo, y de que una carta que le enviaron hace dos semanas aún no ha llegado a su destino.
