LIMA.- Una semana después de la tragedia, las 280 víctimas del incendio ocurrido en el centro de Lima fueron enterradas, mientras el Ministerio Público mantiene abiertas varias investigaciones para identificar a los responsables del siniestro.
Los trabajos de inhumación de los cuerpos hallados entre los escombros, a los que se practicó la autopsia en el depósito de cadáveres, ya han concluido, dijo hoy la fiscal de la Nación, Nelly Calderón.
La fiscal consideró que aún puede encontrarse más restos humanos entre las ruinas de las galerías comerciales, "porque parece ser que todavía hay" lugares donde se hacen remociones.
Respecto a las responsabilidades por el suceso, precisó que aún debe determinarse quién dio la orden a la policía para que el 19 de diciembre pasado, diez días antes del incendio, dejase de controlar el acceso a la zona de la tragedia a los vehículos con artefactos pirotécnicos.
También debe establecerse quién autorizó a los comerciantes a vender este tipo de artículos en la zona, conocida como "Mesa Redonda", donde, al igual que en todo el centro de Lima, está prohibida su comercialización por las condiciones de hacinamiento e inseguridad del lugar.
Calderón dijo que las investigaciones están a cargo de la fiscal provincial María del Pilar Peralta, que está recabando pruebas, pidiendo informes y tomando declaraciones de los propios comerciantes afectados.
Informó que el Ministerio Público aprobó un apoyo "extra" a Peralta, con quien colaborarán varios fiscales.
Añadió que las pesquisas comprenden a las autoridades del Ministerio del Interior, la policía, la Municipalidad de Lima y el Poder Judicial ante la presunción de que hayan recibido sobornos o cometido algún tipo de negligencia.
También se investigará a importadores, distribuidores y comercializadores de productos pirotécnicos, cuya responsabilidad es similar a la de los ciudadanos que compran estos artículos, porque saben que no pueden venderse y conocen el riesgo que suponen, consideró.
"Todas las instituciones que están vinculadas a este tipo de comercio, desde la importación hasta la comercialización, (...) van a ser investigadas", recalcó Nelly Calderón.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, reiteró que no fue consultado sobre la decisión policial de dejar de controlar el acceso a la zona de productos pirotécnicos.
Rospigliosi ya había anunciado la designación en su Ministerio de una comisión encargada de determinar quién fue el autor de esa orden.
Según el congresista José Barba, quien preside una subcomisión legislativa encargada de reunir en diez días información sobre la tragedia para entregarla al plenario del Congreso, hay indicios que apuntan a la existencia de policías con "evidente responsabilidad" en el suceso, "por corrupción o negligencia".
Barba informó que el alcalde de Lima, Alberto Andrade, ha ordenado una investigación en el ayuntamiento capitalino para detectar presuntos funcionarios corruptos.
La subcomisión presidida por Barba, de la coalición opositora socialcristiana Unidad Nacional (UN), debe recopilar información sobre las supuestas infracciones legales cometidas por fabricantes, importadores, comerciantes, transportistas o quienes almacenan artefactos pirotécnicos.
Además, deberá determinar si el Ministerio de Interior, la Municipalidad de Lima, la Fiscalía u otras instituciones cumplieron su misión de control y fiscalización.
