BUENOS AIRES.— El gobierno argentino no consiguió el jueves el apoyo de los mandatarios provinciales para llevar adelante una ambiciosa reforma política que busca recortar el gasto público reduciendo la cantidad de legisladores y la nómina de empleados del Estado.
"No ha habido consenso unánime respecto a una reforma constitucional", dijo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, tras una reunión entre el presidente Eduardo Duhalde y los gobernadores.
Legisladores peronistas presentaron el miércoles a Duhalde el proyecto, que también incluye una reducción en el número de integrantes de la Corte Suprema, y la firma de un pacto para reducir el número de legisladores provinciales.
Pero para llevar adelante la pretendida reestructuración del Congreso -que reduciría de 72 a 48 los senadores y de 257 a 152 la cantidad de diputados- es necesario convocar a una asamblea constituyente que modifique la carta magna argentina, algo que los gobernadores rechazaron.
Sin embargo, Capitanich indicó que los mandatarios provinciales sí están interesados en reducir el costo político, pero a través de "la instrumentación de un pacto entre la Nación y las provincias".
El recorte del gasto público es una de las condiciones que siempre han impuesto los organismos multilaterales de crédito -particularmente el Fondo Monetario Internacional- para asistir financieramente a Argentina.
La propuesta también incluiría una reducción del número de jueces de la Corte Suprema, de nueve a cinco integrantes; del Consejo de la Magistratura, de 19 a cinco y del Jurado de Enjuiciamiento, de nueve a tres miembros.
Asimismo, se buscaría disminuir un 50% la cantidad de empleados ministeriales.
