BRUSELAS.- El comportamiento de las autoridades británicas en el origen de la crisis del mal de las vacas locas fue fallido y supeditó la protección de la salud humana a los intereses comerciales, según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
Aunque reconocen la complejidad de la crisis desatada por la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) en el Reino Unido en 1986, los autores del informe señalan que "el Gobierno (británico) podía haber hecho mucho para reducir el riesgo para los consumidores y, a largo plazo, para la industria de la carne y el ministerio de Finanzas".
El informe de la AEMA, publicado el jueves, asegura que "en la práctica, y de manera encubierta, supeditó la protección de la salud pública al apoyo a las ventas agrícolas, con la intención además de minimizar la intervención estatal y el gasto público".
Las decisiones reglamentarias tomadas por el Gobierno de Londres "fueron pocas y llegaron demasiado tarde, e incluso no se aplicaron adecuadamente", añaden.
El informe de la AEMA se titula "Lecciones tardías de advertencias tempranas: el principio de cautela 1896-2000" y ofrece ejemplos de políticas públicas que se formularon durante ese período sobre una base de incertidumbre científica o bien que ignoraron riesgos evidentes para la salud y el medio ambiente.
En el caso de la crisis de las vacas locas, asegura que las políticas aplicadas en el Reino Unido no se guiaron por el principio de cautela y no tuvieron en cuenta las implicaciones de la base científica entonces disponible.
Además, del ministerio británico de Agricultura, Pesca y Alimentación -encargado de gestionar la crisis- se esperaba que protegiera los intereses de los ganaderos y de la industria alimentaria, pero "fracasó" en ambos objetivos.
En cuanto a la repercusión en el resto de la Unión Europea de la epidemia de las vacas locas, se señala que aunque ya en 1988 el Reino Unido prohibió emplear proteínas animales contaminadas para la alimentación del ganado rumiante y lo comunicó a la Comisión Europea, tuvieron que pasar seis años para que los Quince aprobaran medidas de control de la EEB.
También se recuerda que la Comisión Europea no insistió en imponer una prohibición de la alimentación de rumiantes con carne y huesos hasta 1994 y esperó hasta 1996 para prohibir las exportaciones británicas de vacuno.
Además, las diferencias en el tratamiento de la crisis en los diferentes Estados miembros permite prever que algunas de las jurisdicciones nacionales "se enfrentarán durante muchos años a desafíos considerables en los ámbitos de la salud animal y humana".
Si se hubiera aplicado el principio de cautela en la crisis, aseguran los autores, se tendría que haber reconocido oficialmente la escasa información científica fiable disponible.
Ello hubiera propiciado una discusión abierta sobre los posibles costes y beneficios de las medidas que se tomaran o de las que se no se pusieran en marcha, según la AEMA.
