BOGOTA.- El Gobierno de Colombia preparaba este lunes una serie de medidas jurídicas que ejecutará contra la guerrilla, en caso de que no prospere la misión que emprendió a última hora la comunidad internacional, encabezada por la ONU, en un desesperado intento por salvar el proceso de paz.
Bajo estrictas medidas de seguridad, el Presidente colombiano Andrés Pastrana se reunió la mañana de este lunes en el Palacio de Nariño (Casa de Gobierno) con representantes de las cortes de justicia y los organismos contralores para definir el plan que se ejecutará una vez cumplido el ultimátum, este lunes a las 21.30 locales (02.30 GMT del martes), dado a la guerrilla para que desaloje la zona de distensión (sur).
La región del Caguán, de 42.000 km2, está bajo control de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), tras ser cedida por Pastrana en noviembre de 1998 para que fuera escenario de negociaciones que pusieran fin a casi 40 años de conflicto.
Además de ordenar la desmilitarización de la zona, Pastrana, quien llegó al poder el 7 de agosto de 1998, concedió el estatuto político a la guerrilla, lo que implicó el levantamiento de órdenes de captura.
En el encuentro en la Casa de Gobierno, participaron los representantes de la Procuraduría General, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Pastrana instruyó a los representantes de Justicia para que preparen la revocatoria de las garantías que concedió hace tres años, lo que se hará con la emisión de dos decretos que elimine el estatuto del Caguán y de los guerrilleros.
"El presidente nos hizo una exposición de la situación, lo estamos respaldando y definiendo las acciones una vez que se revoquen las concesiones que se otorgaron en la región del Caguán", aseguró a la prensa el procurador general, Edgardo Maya, al salir el encuentro.
Maya confirmó a la prensa que ya existe "una estrategia definida" en caso de que sean infructuosas las gestiones del enviado especial de las Naciones Unidas, James Lemoyne, y representantes de los diez países facilitadores del proceso de paz (Canadá, Cuba, México, España, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela), en la zona del Caguán, donde se reúnen con los negociadores de las FARC.
"Cuando se suspenda la zona, vamos a tener con la Procuraduría y la Defensoría (del Pueblo) presencia en ese territorio, es necesario garantizar los derechos de los civiles y entrarán en vigencia plena las mismas leyes que rigen en todo el país", manifestó, por su parte, el fiscal general Camilo Osorio.
Los guerrilleros de las FARC ejercen el control del orden público en la zona, donde instalaron una oficina de reclamos que en la práctica funciona como juzgado, y establecieron retenes en la entrada al Caguán, donde vigilan que no ingresen paramilitares y los extranjeros deben presentar un permiso especial del gobierno.
El defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, hizo un llamado para que la guerrilla, las fuerzas militares y los paramilitares, que libran una guerra entre sí en distintos puntos del país y principalmente en torno a la región del Caguán, respeten la vida y los derechos humanos de los cerca de 100.000 habitantes de la zona despejada.
"Hacemos votos para que la misión de los países facilitadores y el representante de la ONU tenga éxito. Esperamos que este proceso no se rompa, pero si esto sucede es necesario que se garantice la vida de los civiles, remarcó Cifuentes, quien aseguró que si eso no sucede las partes en conflicto serán considerados "criminales de guerra".
Grupos de la sociedad civil intensificaron este lunes sus llamados para que el proceso de paz, iniciado en enero de 1999, continúe con la facilitación de la comunidad internacional.
