BUENOS AIRES.- Miles de argentinos protestaron este viernes en la noche, cacerola en mano, contra la política económica del gobierno y en demanda de que se ponga fin a la corrupción en todos los poderes del Estado.
Con carteles donde se leía "¡Queremos trabajo, el Fondo al carajo!" y cantos como "¡Se va a acabar esta manía de robar!", hombres, mujeres, niños y ancianos salieron a las calles en distintas ciudades del país golpeando cacerolas y cantando consignas contra las autoridades.
Sin embargo, aunque el enojo de los manifestantes era evidente, este primer gran desafío social para el gobierno de Eduardo Duhalde, a 23 días de haber llegado al poder, fue en su comienzo menos masivo y sobre todo carente de violencia en comparación con las manifestaciones que en diciembre derrocaron a dos presidentes.
Horas antes de que se iniciara la protesta, las autoridades reconocieron la legitimidad de los reclamos de la población, que los acusa entre otras cosas de haberle "robado" sus ahorros con un congelamiento de los depósitos, y advirtió que supuestos "infiltrados" podrían tratar de desatar el caos.
El gran cacerolazo
En cuanto comenzó a oscurecer, miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo, frente a la casa de Gobierno, y se sentaron frente a las vallas instaladas por la policía para demostrar que sus intenciones eran pacíficas.
Paralelamente, en diversos barrios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Rosa, Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza y Santa Fe, entre otras ciudades importantes, grupos de disconformes y desocupados cortaban las calles cantando y haciendo sonar ruidosamente sus cacerolas.
"Tengo seis años y cuando sea grande no me quiero ir de acá porque soy el futuro", decía el cartel que llevaba una niña colgando de su cuello en la Plaza de Mayo. Cuando se le preguntó por qué llevaba ese cartel, la pequeña respondió: "Porque mi tía se tuvo que ir del país porque no tenía trabajo".
Una fuerte presencia policial podía observarse en el centro de Buenos Aires, escenario en diciembre de violentos choques, incendios de bancos y saqueos que terminaron con la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa.
Precisamente, en previsión de que se repitan ese tipo de ataques, muchos bancos del corazón financiero de Buenos Aires levantaron alambradas frente a sus fachadas o las tapiaron.
La protesta tuvo como gran objetivo el "corralito financiero", como se denominan las restricciones bancarias implantadas para evitar una huida masiva de fondos.
Pero junto a ello, también se demandó el "fin de la dictadura de la clase política", considerada la culpable de que una tercera parte de la población viva en la miseria en un país rico en recursos de todo tipo.
El otro blanco acordado por las asambleas barriales que llamaron a la protesta fueron los bancos extranjeros, fundamentalmente los españoles, a quienes acusan de haber hecho negocios multimillonarios cobrando tasas de usura de más del dos por ciento mensual que paralizaron el aparato productivo.
"Cuando los gallegos (españoles) nos necesitaron porque estaban pasando hambre, vinieron para acá y todo el mundo los ayudó. Ahora que nosotros necesitamos ayuda, ellos nos amenazan con irse", dijo una enardecida mujer en unas de las asambleas celebradas en Buenos Aires refiriéndose a las amenazas de un banco español de abandonar el país.
Sin embargo, nada pareció despertar tanto odio como la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros, acusados de fallar a favor de todos los gobiernos de turno, cobraban hasta la devaluación decretada por el gobierno más de 10.000 dólares mensuales en un país donde el salario promedio rondaba los 300 dólares.
"Acabemos con la corrupción judicial, la corrupción de los políticos, la corrupción del gobierno que ha dejado a Argentina en la bancarrota", decía un cartel enarbolado por desocupados, quienes suman más del 18 por ciento de la población económicamente activa.
Para Duhalde, el quinto Presidente que ha tenido Argentina en poco más de un mes, este cóctel de sentidas reivindicaciones es una "bomba de tiempo" difícil de desactivar que puede ser aprovechada para desatar una total anarquía en el país.
Para prevenirlo, el gobierno dispuso que la Gendarmería, policía militarizada que cuida las fronteras, ayude a la policía en el mantenimiento del orden y lanzó reiterados llamados para que las protestas sean pacíficas.
"Es importante que la sociedad nos ayude en eso. Si ven que los violentos los empiezan a acompañar, señores, párense y quédense detenidos en un lugar determinado", advirtió el comandante general de la Gendarmería, Hugo Miranda.
