BOGOTA.- El Gobierno colombiano llamó este martes a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a que suspenda los atentados contra la población civil, como punto de partida hacia una tregua con cese de fuego y hostilidades.
El alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, reveló que entregó a las FARC un documento en el que advierte que "mantener la negociación sin tregua con cese de fuegos y de hostilidades, no sólo dilata indefinidamente el proceso de diálogo y negociación, sino que hace inviable llegar a los acuerdos necesarios para llegar a la paz".
El documento señala, igualmente, que "la suspensión de los efectos del conflicto sobre la población civil y sus bienes es el primer paso para la reducción del conflicto".
En tal sentido llamó a la guerrilla a liberar a todos los secuestrados; suspender los secuestros, las extorsiones, los hostigamientos, y ataques militares de toda índole que causen daño a la vida, las viviendas o los poblados, así como los ataques a cualquier tipo de infraestructura, pública y/o privada.
Igualmente, el Gobierno pidió a las FARC que suspenda el uso de minas antipersonales o cualquier otra arma de ataque indiscriminado; el reclutamiento forzoso, las acciones que generen el desplazamiento forzado de la población civil, y las actividades relacionadas con el narcotráfico y conexas con el mismo.
"El primer paso para llegar a una tregua es sacar a la población civil de la confrontación", dijo Gómez a periodistas antes de afirmar que "el conflicto colombiano nunca se va a acabar por la vía militar".
El funcionario insistió en que las FARC podrían avanzar positivamente ante los ojos del país y de la comunidad internacional, si accedieran a la propuesta del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, de sacar a los civiles del conflicto.
Gómez informó que el Gobierno también entregó a las FARC una propuesta para buscar una mayor participación de la comunidad internacional en el proceso de paz.
En ese sentido, indicó que el miércoles delegados del Gobierno y del grupo insurgente se reunirán en la zona desmilitarizada para las negociaciones de paz, con el fin de definir cómo será en adelante esa participación de la comunidad internacional en el proceso.
Las FARC, el principal grupo guerrillero del país, con unos 16.500 combatientes, lleva a cabo desde enero de 1999 un proceso de paz con el gobierno de Pastrana y para ello ocupa una zona desmilitarizada de 42.000 km2 en el sur del país.
El grupo rebelde desató una escalada de atentados dinamiteros en diversas localidades, incluida Bogotá, desde el 20 de enero, cuando las partes reactivaron el proceso de paz, a instancias de la ONU y de los diez países facilitadores del diálogo.
En esa ocasión el Gobierno y las FARC fijaron un cronograma que contempla el 7 de abril como fecha límite para concretar los primeros acuerdos sobre un cese al fuego y hostilidades, que incluiría la suspensión de los secuestros y las extorsiones por parte de la insurgencia.
El acuerdo del 20 de enero fue recibido con alivio por distintos sectores, pero del optimismo se pasó pronto al pesimismo debido a la ola de violencia desatada por las FARC, que desde entonces ha cobrado la vida de más de 140 personas y que se ha concentrado en la infraestructura energética y vial del país
