SAN VICENTE DE CAGUÁN, Colombia.- La guerrilla de las FARC propuso este miércoles al Gobierno de Colombia reducir la intensidad del conflicto si desmonta a los paramilitares, subsidia el desempleo y expulsa del país a los asesores militares extranjeros.
La principal guerrilla colombiana, que celebra negociaciones de paz con el Ejecutivo desde 1999, hace esa propuesta en un documento difundido por sus portavoces en una reunión celebrada en la zona rural de San Vicente del Caguán, dentro del área neutral del sur del país.
El informe, titulado "Propuesta de las FARC para la disminución de la intensidad del conflicto", se reveló un día después de que el Gobierno propusiera a esa guerrilla una tregua de seis meses en la ola de atentados terroristas que desató hace tres semanas.
El martes, una misión de altos funcionarios de EE.UU. que concluyó hoy una visita a Colombia afirmó que no hay diferencias entre las FARC y el narcotráfico, y que, en ese contexto, no hay inconveniente para que el Gobierno colombiano utilice para combatir el terrorismo los fondos entregados por Washington contra las drogas.
"Un acuerdo para la disminución del conflicto implica, necesariamente, el desmonte del paramilitarismo, el retiro del país de todos los asesores militares extranjeros, la reducción del gasto militar y la depuración de las Fuerzas Armadas de todos los oficiales y suboficiales comprometidos con estos grupos", señala la propuesta.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron el 20 de enero, con la mediación internacional, a superar la peor crisis del proceso y avanzar en la definición de una tregua a más tardar el próximo 7 de abril pero, simultáneamente, lanzó una oleada de ataques.
Para el principal y más antiguo movimiento insurgente colombiano, "el paramilitarismo de Estado (...) impide llegar a acuerdos de una tregua con cese de fuego y hostilidades".
Las FARC critican la "aplicación sistemática y permanente de la foránea Doctrina de Seguridad Nacional, importada de las escuelas militares de los Estados Unidos" y la califican como "el principal obstáculo para avanzar en la solución del conflicto social colombiano".
Añaden que, al amparo de dicha doctrina, "el Estado ha desatado una guerra no declarada contra el pueblo colombiano en la que gasta más de una tercera parte del presupuesto nacional", y señalan que la presencia de "asesores militares extranjeros" constituye "una indignante violación de la soberanía nacional".
Asimismo, arremeten contra la "antidemocrática política neoliberal impuesta por el Fondo Monetario Internacional", aplicada, según dicen, en los últimos cuatro gobiernos desde 1986.
Las FARC reclaman una vez más un acuerdo para el canje de prisioneros, exigen la abolición de la extradición de nacionales -narcotraficantes- hacia EE.UU. y el castigo para los corruptos.
También insisten en un subsidio de desempleo, para el que recomiendan redistribuir los recursos presupuestados para el Plan Colombia contra las drogas, que prevé inversiones por 7.500 millones de dólares en cuatro años, desde 2001, de los que EEUU aprobó 1.300 millones.
A la reunión con las FARC en la zona neutral asistieron delegados del Gobierno y diplomáticos encabezados por el embajador de Italia, Felice Scauso, en representación de los diez "países amigos" del proceso, que son, además, Canadá, Cuba, España, Francia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela.
